Los sanitarios de los hospitales de Alzira y Torrevieja se movilizarán contra la conselleria por no mejorar sus condiciones tras la reversión de los centros

Reclaman que se cumplan los acuerdos que se firmaron con el Botánico (después de llegar hasta una huelga en 2023), que en concreto eran tres y que se firmaron en la sede del tribunal de arbitraje laboral, e incluso el que afectaba al personal de las farmacias sociosanitarias llegó a ser publicado en el DOGV. «Pero la conselleria trabaja ahora para dejar sin efecto esos acuerdos, que tenían un calendario marcado para establecer esas mejoras laborales y Sanidad no los quiere cumplir», lamentan en CCOO.

Las movilizaciones serán concentraciones frente al Palau de la Generalitat en Valencia, por el momento no se plantea ninguna huelga, por lo que no acarrearán problemas asistenciales a los pacientes por falta de sanitarios. Para los 2.500 profesionales afectados, sus principales peticiones se centran en lograr la equiparación de jornada con el personal estatutario de la conselleria, ya que actualmente es casi imposible gestionar los turnos de trabajo con horarios diferentes según el tipo de contrato de cada uno, ya que están haciendo más horas que los estatutarios.

De hecho, esa es la mayor fuente de conflicto en la gestión de esos departamentos de salud, la dificultad para planificar los turnos de trabajo. También piden plantear mejoras salariales para equipararse al personal público, que tienen sueldos más altos, así como alcanzar mejoras en complementos salariales y que se les aplique el plan de Igualdad de la conselleria.

Actualmente no tienen un marco laboral claro, ya que los convenios ni siquiera se les suelen actualizar ni subir prácticamente de cuantía cada año, por tanto cada vez hay más diferencia económica con el personal estatutario. Los sindicatos consideran que este precedente puede afectar negativamente sobre el personal que en febrero se revertirá a la gestión pública en el hospital de Dénia y en mayo en el de Manises, al ver que las condiciones van a ser muy diferentes a las de sus compañeros que tengan plaza pública.

Los afectados son 1.300 en el hospital de Alzira y más de 900 en el de Torrevieja, mientras que más de 200 pertenecen a empresas de resonancias como Eresa y a farmacias sociosanitarias. Tras la reversión de sus centros, que antes eran privados con un concierto con la empresa Ribera Salud y ahora han pasado a estar bajo el control de Sanidad, se integró bajo el paraguas público a todos estos profesionales como personal laboral a extinguir, en cada centro con un convenio y condiciones distintas, que se han mantenido congelados y que son muy inferiores a los que tiene el personal estatutario que se ha incorporado a estos centros por oposición. Por eso reclaman una equiparación progresiva con un calendario para los próximos años, pero según los sindicatos la conselleria se niega. «No está abierta al diálogo para cumplir los acuerdos, así que sólo queda la vía del conflicto», señala Rosa Atiénzar, secretaria general de sanidad en la Comunitat en CCOO.

Según el comunicado conjunto que han hecho público este viernes, los dos sindicatos señalan: «El compromiso de estos sindicatos, desde la primera integración en 2018 (la de Alzira), ha sido equiparar las condiciones de trabajo del personal laboral a extinguir con el personal estatutario. Iniciadas las negociaciones para pactar una mejora de las condiciones laborales del personal laboral a extinguir y viendo que estas eran infructuosas, este personal ha tenido que promover movilizaciones».

Y añade la postura de Sanidad sobre los acuerdos firmados tras la huelga de 2023. «La conselleria se niega a reconocer la validez de los mismos y argumenta que sin el informe preceptivo de Hacienda estos acuerdos están viciados de nulidad; una excusa pobre para no cumplir este tipo de acuerdos ya que tienen rango de convenio colectivo», expresan. Para CCOO y UGT esta situación «es insostenible y va empeorando con el paso del tiempo, puesto que el personal laboral a extinguir, desempeñando las mismas funciones que el personal empleado público, sufre año tras año unas condiciones indignas», argumentan. Estos sindicatos «no están dispuestos a renunciar a los acuerdos alcanzados tras intensas negociaciones y movilizaciones, por lo que anuncian movilizaciones en febrero», anuncian en el comunicado.