Los sanitarios reclaman protección al sufrir un millar de agresiones al año

Así, el pasado ejercicio se contabilizaron 975 ataques, 373 denunciadas en Atención Especializada y las 602 en los centros de salud, lo que hace que la tasa por cada 1.000 trabajadores se haya disparado hasta casi rozar los 15 sucesos en total, mientras que en 2015 no llegaba a las 4. Hasta 2019 la cifra de incidentes fue aumentando progresivamente mientras que en 2020, con el cierre de buena parte de las instalaciones a causa de la pandemia descendieron. Sin embargo, a partir del ejercicio siguiente y especialmente durante el año pasado volvieron a dispararse hasta niveles preocupantes.

Ante ello, incluyendo el último episodio registrado en Oropesa del Mar (un usuario accedió al consultorio, destrozó parte de las instalaciones y agredió a dos trabajadoras) o en la Coma (el centro de salud cerró tras la agresión a un facultativo), el Sindicato Médico ha estallado. CESM-CV «condena enérgicamente este último suceso y todos los actos de agresiones a médicos y personal sanitario que cada día estamos viendo con mayor frecuencia».

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«Exigimos un comportamiento cívico por parte de los pacientes, que en su mayoría lo tienen, pero para aquellos que abandonan las normas de comportamiento más elementales pedimos a la Administración medidas legales contundentes que vayan más allá del valor de una cajetilla de tabaco diaria, como suele suceder, en sentencias por casos similares», han argumentado desde la formación.

Desde el Sindicato Médico de la Comunitat reclaman «medidas que sirvan para proteger a quienes están trabajando por sus pacientes», como por ejemplo, «de tipo arquitectónico, para que –los profesionales– no estén encerrados en una ratonera; de tipo tecnológico como cámaras de vigilancia, botones de alarma efectivos y no virtuales, presencia policial, vigilantes en todos los centros en los que cada día se están produciendo más agresiones y todo aquello que pueda ayudar a proteger a todos los que son trabajadores de la sanidad pública valenciana»; ante lo que, según han aseverado, «no existe ningún tipo de justificación y hay que acabar con esta dinámica lamentable».

De hecho, el pasado ejercicio, la Conselleria de Sanidad y los principales sindicatos, salvo CESM (conjuntamente con SAE), pactaron distintas medidas para incrementar la seguridad en Atención Primaria como, por ejemplo, la presencia de vigilancia de seguridad en los centros de mayor riesgo de sufrir agresiones, la instalación de cámaras de seguridad o la puesta en marcha de campañas de concienciación ciudadana, actuaciones que el gobierno del Botánico no llegó a poner en marcha.