La Sareb vende 16 viviendas ubicadas en diferentes municipios valencianos a la Generalitat

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha cerrado la venta de 16 viviendas a la Generalitat Valenciana por un importe de 1,1 millones de euros.

La operación ha sido firmada este martes por Elena Azcárraga, directora general de Vivienda y Regeneración Urbana de la Generalitat Valenciana, y por Ana Múgica, directora de Vivienda Asequible y Social de Sareb.

Los inmuebles han sido adquiridos por la administración autonómica mediante un concurso público y se ubican en los municipios de Almassora, Vila-real, Paterna, Moncófar, La Pobla Llarga, Orihuela, Gandía, Castelló de la Plana, El Campello, Benicarló, Vinaròs, Algemesí, l'Alcúdia, La Pobla de Farnals y Borriana. Estas viviendas se suman a las 75 que ya había comprado la Generalitat Valenciana previamente a la compañía.

Con este tipo de acuerdos Sareb profundiza en su estrategia de colaboración con las Administraciones Públicas para tratar de solucionar aquellas necesidades vinculadas al acceso a la vivienda en las comunidades locales, al tiempo que avanza en el mandato de desinversión de la cartera de activos adquirida en 2012 a las entidades financieras que necesitaron ayudas públicas.

Desde su creación, la compañía ha vendido un total de 339 viviendas a Administraciones Públicas, entre las que se destaca la Comunidad Valenciana, el territorio con más inmuebles adquiridos: 91 en total.

En paralelo a la venta de inmuebles a Administraciones Públicas, Sareb dispone de un parque social compuesto en la actualidad por 15.000 viviendas para alquileres asequibles que se ceden a comunidades autónomas y ayuntamientos. Desde su creación, Sareb ha firmado convenios temporales con más de medio centenar de entidades autonómicas y locales, a quienes ha cedido más de 3.200 inmuebles que podrían beneficiar a casi 13.000 personas.

Las administraciones que suscriben acuerdos de cesión temporal con Sareb tienen la posibilidad de adquirir los inmuebles durante el transcurso de los convenios o en el momento de la finalización de estos. Se trata de una opción valorada por las comunidades autónomas y los ayuntamientos porque permite nutrir sus parques sociales y dar respuesta a largo plazo a la necesidad de vivienda asequible.

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