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Cucala, al frente de los administradores de fincas. Damián Torres
Ocupas en Valencia | Sebastián Cucala: «El propietario y los vecinos están desprotegidos»

Sebastián Cucala: «El propietario y los vecinos están desprotegidos»

El presidente de los gestores de fincas urge «la potestad directa de la Policía para desalojar cuando el 'okupa' no tiene escritura o contrato

Domingo, 28 de noviembre 2021, 02:08

Los administradores de fincas de la Comunitat son profesionales que conocen de primera mano el problema de las ocupaciones. El presidente de su consejo es Sebastián Cucala. Y no alberga dudas: «El propietario y los vecinos están desprotegidos» ante la ilegalidad.

-¿Cuáles son las zonas de Valencia más afectadas por la ocupación ilegal?

-Ciutat Vella, Orriols y zonas de nueva construcción en puntos de las afueras.-¿Cuánto puede costar a un propietario recuperar su inmueble?

-El proceso judicial se puede alargar durante meses. En los casos más extremos, más de un año. Muchos 'okupas' saben cómo alargar el desalojo. No recogiendo citaciones, no abriendo la puerta…

-¿Y si el piso es del banco?

- Más de dos años. Cualquier persona física o jurídica con más de 10 viviendas se define como gran tenedor y la ley considera entonces menos grave la ocupación.

-¿Sufren represalias los vecinos cuando actúan?

-Hay veces que el presidente de la comunidad decide cambiar las cerraduras para que los ilegales no puedan entrar y los 'okupas' denuncian coacciones. Son situaciones muy paradójicas.

-¿Cree que hacen falta reformas legislativas?

-Propietarios y vecinos están desprotegidos. La administración de justicia necesita más medios. Ni siquiera la normativa vigente para desalojar puede cumplir con los plazos que marca. Haría falta un cambio legal en el que la propiedad quede mejor protegida. La Policía debería poder desalojar directamente a quien no muestre la escritura de propiedad o un contrato acreditativo de que está en la casa con consentimiento del dueño.

-¿Cómo actúan otros países ante el problema?

- Hay mayor agilidad porque la Policía sí posee competencias para poder exigir esos documentos a la persona denunciada y, si no se presenta esa justificación legal, desalojar directamente. Esto es lo que sucede en Gran Bretaña.

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