Seis días de votación en la consulta más polémica

Dos han sido las entidades más combativas contra el procedimiento, bajo el argumento de que la consulta contribuirá a reducir el peso del valenciano en la enseñanza -una de sus señas de identidad- y generará problemas organizativos. Se trata de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública -algo previsible, pues agrupa a sindicatos, Ampas y asociaciones civiles críticas con cualquier decisión del PP- y Families pel Valencià, asociación de nueva creación cuyos materiales han sido especialmente compartidos entre familias y equipos docentes. De hecho, se han utilizado de manera habitual en aquellos centros que han tomado partido difundiendo información a través de los canales oficiales de comunicación para pedir el voto por la lengua autonómica, algo que lesiona el deber de neutralidad. En algunos casos ha llegado a intervenir la inspección, por ejemplo, retirando cartelería de parte en algunas instalaciones educativas.

El contrapunto lo han protagonizado asociaciones que defienden el mayor peso del castellano en la enseñanza y exigen que se garantice como lengua vehicular. Como Hablamos Español o Escuela de Todos, que se han encargado de denunciar las prácticas anteriores, con decenas de casos trasladados directamente a la administración.

También se ha pronunciado la propia conselleria, más allá de la campaña institucional. Es cierto que de una manera distinta, sin pedir el voto por alguna opción, pero sí excepcional. Es el caso de las dos cartas remitidas vía email por José Antonio Rovira a todas las familias registradas en el programa de gestión Ítaca.

Más llamativa fue la primera, una especie de justificación de las políticas educativas y del cambio en la forma de tomar decisiones (influyen las familias, no deciden los consejos escolares), y de respuesta a las críticas sobre problemas de organización de los centros (bancos de libros o atención a la diversidad). Rovira concluía haciendo una llamada a la participación, que era la idea básica que trasladó en la segunda carta, más escueta, enviada este sábado a primera hora de la mañana. Que el conseller defienda sus políticas y medidas no se ha cuestionado, pero sí se le afeó que se sirviera de una herramienta institucional.

La movilización en contra también se ha dado a nivel más particular. Por ejemplo, las asociaciones de directores de centros públicos (críticos con la carta y también con la ley de libertad educativa) o los partidos de la oposición, que incluso han explotado la vía judicial presentando recursos acompañados de peticiones de suspensión cautelar, que de momento no han fructificado. Ha sido el caso de Compromís (en realidad, de padres y madres de la formación con hijos en edad escolar), aunque también han dado el paso organizaciones como Acció Cultural del País Valencià o Families pel Valencià.

La consulta también ha cogido a contrapié a muchos progenitores. Pese a que era un procedimiento conocido desde el verano pasado, cuando se aprobó la citada ley de la que emana, el detalle no fue oficial hasta principios de febrero, pues la catástrofe derivada de la dana obligó a retrasar la aprobación de la orden reguladora.

Por un lado, ha habido dudas sobre las implicaciones de las votaciones, que en síntesis permiten optar por una lengua oficial mayoritaria para el próximo curso y sucesivos y son la base de la planificación de aulas (o lo que es lo mismo, de la oferta de plazas en cada una). El mejor ejemplo es que el apartado de preguntas frecuentes sobre la consulta, en la web específica diseñada por Educación, se ha ido actualizando con cantidad de ejemplos concretos, como qué sucede si votan pocas familias (que estas determinan la lengua base), si se elige por etapa o por nivel (por nivel), cómo afectará a centros de una línea (o que tienen solo una clase y en el curso siguiente dos), qué asignaturas se pueden dar en castellano o valenciano (decide el centro) o qué sucede si un alumno repite pero cambia la lengua base en ese nivel (se le hace una adaptación lingüística). Otra duda muy repetida, en realidad resuelta desde el primer día, tiene que ver con las implicaciones de no votar (no se elige y el niño será adscrito en función de las necesidades organizativas del centro).

Por otro lado, se han registrado incidencias que aunque puntuales han abonado el terreno de la incertidumbre. Sobre todo cuando el sistema no permitía emitir el voto pese a que el Número de Identificación del Alumno (NIA) era el correcto. En este sentido, Families pel Valencià ha advertido este lunes de que está sucediendo en caso de hijos en régimen de acogida o que cuentan con un Número de Identidad de Extranjero (NIE). Respecto a la primera cuestión, alegan que la conselleria incluyó información sobre la cuestión en la citada web cuando la votación se había iniciado, y por tanto, sin margen de subsanación en el propio centro (el plazo venció el día de antes). La clave está en que en la ficha enviada antes del inicio del proceso los padres debían aparecer como representantes legales y también como tutores.

Además, en las primeras horas el servidor se saturó y se han detectado errores en la aplicación diseñada (en móviles se impedía elegir valenciano si no se ponía el dispositivo en horizontal). También de las propias familias a la hora de plasmar algunos de los criterios de prelación. Sobre todo, el que preguntaba por la existencia de hermanos matriculados en el centro (podía generar dudas entre padres de 6º, pues su voto será efectivo para el 1º de la ESO de su centro de adscripción) o en el concepto referido a la zona de influencia o limítrofe (lo mismo, pues puede darse el caso de que no se sepa de qué colegio o instituto se trata).

Y es un problema, pues el programa no permite rectificar el voto. Families pel Valencià y la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya han impulsado una campaña para que los perjudicados presenten reclamaciones ante la conselleria, con más de un centenar de casos hasta la fecha. Según la información que maneja Educación, 570.000 familias están llamadas a votar.