Más de seis mil personas siguen sin cobrar la renta prometida por Oltra

A finales de 2016, la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, presentaba su proyecto estrella: la renta valenciana de inclusión, una ayuda monetaria destinada a personas con muy pocos recursos y que iba a ampliar el espectro de beneficiarios de su predecesora, la renta garantizada de ciudadanía, puesto que reducía los requisitos y ampliaba los perfiles para poder optar a ella. La idea era pasar de los 44.500 de aquel momento a unos 230.000 en 2020. Sin embargo, y pese al interés por ponerla en marcha con celeridad, el Consell tardó un año en aprobar la ley que la amparaba (finales de 2017) y casi cinco meses más (mayo de 2018) el decreto que la regula y que hace posible que los interesados puedan solicitarla.

Después de este tiempo, y a las puertas de que termine la legislatura, el departamento ha recibido hasta el 2 de octubre cerca de 7.000 solicitudes, de las que cuentan con el informe de los servicios sociales algo menos de 4.000 y, de ellas, casi 600 se han denegado. Sin embargo, según las entidades sociales y sindicatos consultadas por LAS PROVINCIAS no hay constancia de que, hasta la semana pasada, alguno de los solicitantes haya comenzado ya a percibir estas prestaciones económicas, por lo que más de 6.000 personas están a la espera de recibirlas. Desde la conselleria tampoco han concretado si hay beneficiarios que ya están percibiéndola o no -ni el número-, aunque sí resaltan que la ley establece en el primer año de aplicación un plazo de nueve meses para realizar todo el proceso, tanto el que corresponde a los ayuntamientos (recoger las solicitudes y la documentación y preparar los informes) como a la Administración autonómica (resolver los expedientes). Los datos surgen de una serie de preguntas parlamentarias realizadas por Ciudadanos a la conselleria y que recibieron respuesta el pasado 30 de octubre. Así, y hasta el día 2 de ese mes, el número de solicitantes ascendía a 6.668 (en la contestación, la conselleria apunta que 4.493 personas eran titulares de la renta garantizada, pero han solicitado la de inclusión). Asimismo, añade que los ayuntamientos ya han emitido 3.869 informes de los solicitantes -necesarios para decidir si cumplen con los requisitos-. De ellos, y por incumplimiento de los requisitos, se han tramitado 559 propuestas de denegación y ya hay ocho resoluciones denegatorias.

La documentación también refleja que el importe medio resuelto para la renta de garantía de inclusión social (aquella en la que el solicitante se compromete a seguir el itinerario de inserción marcado por los servicios sociales) asciende, prácticamente, a 575 euros mensuales, mientras que, la de ingresos mínimos (renuncian a seguir el plan marcado por los técnicos municipales) queda en 327,50, de media.

Desde distintas entidades sociales que han ayudado a los interesados en la presentación de las solicitudes y organizaciones sindicales destacan, en primer lugar, que sobre el papel es una muy buena ley para ayudar a los más desfavorecidos siempre y cuando se dote de medios personales y económicos para llevarla a cabo. Y en este punto surge la primera de las quejas. El aluvión de solicitudes y la cantidad de documentación que es necesario aportar ha originado un atasco en los servicios municipales encargados de elaborar los informes, pese al incremento de personal previsto por la conselleria. En el caso de los inmigrantes en situación irregular -que también pueden ser beneficiarios de la nueva renta- el problema radica en las cuentas bancarias. Al carecer de NIE (no cuentan con documentación) les resulta imposible abrir una cuenta bancaria para poder domiciliar la prestación. La disparidad de criterios entre los distintos servicios sociales de los ayuntamientos y la lentitud en la tramitación, que puede ascender hasta a nueve meses en este primer año, es otro de los escollos a los que se enfrentan los solicitantes para los que esta ayuda económica supone el único salvavidas al que poder acogerse. Por tanto, las fuentes consultadas esperan que, pese a este difícil arranque, el próximo año pueda empezar a funcionar con más celeridad.