El Senado exige al Gobierno que garantice la libre elección de la lengua en los colegios

El Senado ha aprobado una moción presentada por el grupo popular en la que se insta al Gobierno a garantizar que las familias podrán elegir la lengua vehicular de enseñanza de sus hijos, así como a poner en marcha una consulta sobre las mismas. La medida sale adelante gracias a la mayoría del PP en la Cámara Alta, si bien sus efectos dependerán de lo que decida el Gobierno. Y a tenor del rechazo mostrado por los senadores socialistas durante el debate, no pasará de una mera declaración de intenciones.

Lógicamente la moción se refiere a todas las comunidades con dos lenguas oficiales, y ha sido defendida por la portavoz adjunta del PP Salomé Pradas, senadora por Castellón. Entre las medidas incluidas destaca también la petición de asistencia «social, jurídica, psicológica y material a todas las víctimas del proceso de imposición de la lengua en Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares», así como reforzar la Alta Inspección del Estado en Cataluña.

En su intervención Pradas ha asegurado que el PP «defiende sin complejos la libertad, la integración, la libre elección y el cumplimiento de la ley. Defendemos la libertad de los padres a la hora de elegir la lengua que desean para la educación de sus hijos, tienen derecho a ser escuchados».

«No podemos quedarnos quietos ante la eliminación de la opción de estudiar castellano y la imposición y el chantaje lingüístico al que se somete a los padres a la hora de escolarizar a sus hijos al no poder elegir la lengua vehicular que desean para su educación», ha añadido, antes de destacar que los tribunales están fallando en contra de estas políticas restrictivas en Cataluña, la Comunitat y Baleares.

En clave valenciana, el primer modelo lingüístico del Consell del Botánico se plasmó en un decreto que quedó mutilado tras varios recursos presentados por partidos, asociaciones de padres, entidades civiles y sindicatos. En síntesis, vinculaba la mayor exposición al inglés con los niveles con mayor presencia del valenciano, llegando a dar títulos oficiales en lengua extranjera automáticos de los que no se beneficiaban los alumnos cuyos padres elegían el castellano como lengua principal.

Tras las sentencias contrarias, las primeras ya refrendadas por el Tribunal Supremo, se derogó el decreto y se impulsó la Ley de Plurilingüismo, que da autonomía a los centros para elegir el peso de las lenguas, dentro de unos mínimos y máximos, aunque promueve que el valenciano sea vehicular a través de incentivos. Además, como el anterior decreto, elimina la posibilidad de que un centro oferte doble programa lingüístico. Es decir, todos los alumnos se forman con la misma lengua principal, sea castellano o valenciano.

En la práctica, esto ha supuesto que la mitad de los centros hayan optado por programas lingüísticos donde el valenciano es mayoritario. Además, en más de sesenta municipios de la Comunitat ha desaparecido este curso la opción de estudiar en castellano en Primaria en los centros públicos, al pasarse los colegios que la ofrecían en años anteriores a modelos con el valenciano como lengua principal.

En cuanto a la consulta, en la Comunitat fue impuesta en la anterior legislatura, de manera que los padres manifestaban sus preferencias por un modelo u otro. No era vinculante, pero la información era utilizada por la conselleria para validar los proyectos lingüísticos presentados (así como las peticiones de cambio) junto a otros criterios. Tras la llegada de Marzà esta herramienta fue derogada.