El Senado pide blindar la elección de la lengua de enseñanza

El Senado aprobó ayer una moción presentada por el grupo popular en la que se insta al Gobierno a garantizar que las familias podrán elegir la lengua vehicular de enseñanza de sus hijos, así como a poner en marcha una consulta sobre la misma. La medida sale adelante gracias a la mayoría del PP en la Cámara Alta, si bien sus efectos dependerán del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y a tenor del rechazo mostrado por los senadores socialistas durante el debate, no pasará de una mera declaración de intenciones.

La moción se refiere a las regiones con dos lenguas oficiales, y fue defendida por la portavoz adjunta del PP Salomé Pradas, senadora por Castellón. Entre las medidas incluidas destaca también la petición de asistencia «social, jurídica, psicológica y material a todas las víctimas del proceso de imposición de la lengua en Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares».

Pradas aseguró que el PP «defiende sin complejos la libertad, la integración, la libre elección y el cumplimiento de la ley. No podemos quedarnos quietos ante la eliminación de la opción de estudiar castellano y la imposición y el chantaje lingüístico al que se somete a los padres a la hora de escolarizar a sus hijos al no poder elegir la lengua vehicular que desean», dijo. También destacó que los tribunales están fallando en contra de estas políticas restrictivas en las regiones citadas.

En clave valenciana, el primer modelo lingüístico del Consell se plasmó en un decreto que ha quedado mutilado tras varios recursos judiciales. En síntesis, vinculaba la mayor exposición al inglés con los niveles con mayor presencia del valenciano, llegando a dar títulos oficiales en lengua extranjera automáticos de los que no se beneficiaban los alumnos cuyos padres elegían enseñanza en castellano.

Tras las sentencias contrarias, las primeras ya refrendadas por el Supremo, llegó la Ley de Plurilingüismo, que da autonomía a los centros para elegir el peso de las lenguas, dentro de unos mínimos y máximos, aunque promueve que el valenciano sea vehicular a través de incentivos. Además, como el anterior decreto, elimina la posibilidad de que un centro oferte el doble programa lingüístico, por lo que todos los alumnos se forman con la misma lengua principal.

Esto ha supuesto que la mitad de los centros hayan optado por programas donde el valenciano es mayoritario. Además, en más de sesenta municipios ha desaparecido este curso la opción de estudiar en castellano en Primaria en los centros públicos, al pasarse los que la ofrecían a modelos basados en la lengua propia. En cuanto a la consulta, implantada con el PP como una herramienta consultiva de la administración, fue derogada esta legislatura.