La sentencia de Segorbe abre la puerta a indemnizaciones y el regreso de menores

El traslado de los menores tutelados del centro La Resurrección de Segorbe -que derivó en la clausura del recinto y el despido de los trabajadores- y las graves acusaciones vertidas contra las Hermanas Terciarias Capuchinas, gestoras de la residencia, le pueden salir caras a la Generalitat. La sentencia que declara «contraria a derecho e ilegal» la orden de desalojo de los menores también abre la puerta a que tanto los responsables del centro, como los exempleados y los propios residentes puedan reclamar indemnizaciones por los daños sufridos tanto económico (pérdida del empleo e imposibilidad de participar en los concursos), como contra su honor y su reputación. Incluso, el departamento que dirige Mónica Oltra tendrá también que estudiar la situación de cada uno de los 18 menores que fueron desalojados de Segorbe para determinar si conviene que regresen al recinto, abierto de nuevo el pasado mes bajo la dirección de la Fundación Amigó, y/o indemnizarles de algún modo. Además, fruto del fallo, Igualdad debería, al menos, estudiar el cierre del expediente sancionador abierto a las hermanas y devolver la sanción de 15.000 euros interpuesta.

En concreto, en mayo de 2017, hace ya algo más de dos años, La Resurrección de Segorbe cerraba sus puertas. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas adoptaba la decisión de trasladar a los internos a otros recintos después de difundir supuestas deficiencias registradas en las instalaciones, como duchas de agua fría en enero, de privación de comidas como castigo, de niños que se les llevaba a mendigar al supermercado o de suministrarles comida caducada y en mal estado. Estas graves acusaciones vinieron acompañadas de un presunto caso de abusos sexuales de un educador a una residente fuera del centro.

Sin embargo, cinco meses después de que Oltra escenificara en Les Corts la grave situación por la que habían atravesado los menores, la investigación abierta por la fiscalía de Castellón se cerró al no encontrarse «motivos para abrir diligencias de investigación penal». La justicia también absolvió al monitor acusado de un delito de acoso sexual al considerar que no existía prueba de cargo suficiente. Frente a ello, las religiosas que gestionaban el centro iniciaron un proceso judicial contra la vicepresidenta al entender que con las acusaciones vertidas había dañado su imagen y honor, así como los perjuicios causados tanto a los trabajadores que perdieron su empleo como a los pequeños, ya escolarizados en Segorbe, algunos de los cuales abandonaron las instalaciones llorando.

Los trabajadores, por su parte, esperan que el fallo sea firme para estudiar la situación y valorar la conveniencia de reclamar una indemnización, siempre bajo el asesoramiento de los servicios jurídicos que han llevado el caso. Fuentes de los empleados destacaron que lo que quieren ahora es que Oltra «pida perdón a nosotros y a las hermanas» y que las indemnizaciones «partan de ella misma».