Las víctimas de la violencia machista han crecido en 2023 un 14% en la Comunitat. También lo han hecho las denuncias, las sentencias condenatorias y, ... especialmente, el protagonismo de los menores, según se desprende del balance anual del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, conocido este miércoles. Y es que mientras los primeros indicadores se incrementan respecto al año anterior en parámetros más o menos homogéneos, entre el 9% y el 14%, el último citado, que se refiere exactamente a sentencias por delitos entre menores de 18 años, lo hace en un 36%. Pese a la frialdad de los datos, se puede concluir que aunque la actividad judicial cada vez es mayor, así como la concienciación social, la violencia contra la mujer sigue demasiado presente, ganando además presencia entre las generaciones jóvenes.
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Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, el número de víctimas en 2023 ascendió a 28.214, un 14,1% más que las del ejercicio anterior. Por su parte, los órganos judiciales valencianos recibieron 28.955 denuncias por violencia de género (+9%). Y de estas el 65,8% (19.054) fueron presentadas por las propias víctimas, bien en el juzgado o en comisaría, cifra que sigue siendo muy superior a las impulsadas por el entorno: el 1,5% del total (436).
Esta dualidad, que se da también a nivel nacional, ha llevado a la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, a lanzar un ruego «a familiares, amigos, compañeros de trabajo y también a vecinos», pues «una llamada a tiempo de cualquiera de ellos puede ser crucial para salvar una vida», tal y como ha defendido en su valoración del balance.
En cuanto a las sentencias, durante 2023 se dictaron 8.484 entre los juzgados de violencia sobre la mujer, los de lo penal y las audiencias provinciales de la Comunitat. De estas un 82,8% -7.023 en términos absolutos- contenían un fallo condenatorio. Las 1.461 restantes, un 17,2%, fueron absolutorias.
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Si las cifras se comparan con las de 2022, se acredita la mayor actividad de los órganos judiciales, teniendo en cuenta que entonces se alcanzaron las 7.812, de las que 6.153 acabaron en condena y 1.659 en absolución. Por tanto, en el último ejercicio contabilizado el global creció un 8,6% y las condenatorias un 14,14%, mientras que las absolutorias bajaron un 11,93%.
El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 91,9%, y en las audiencias provinciales, con el 75% del total. Los de lo penal impusieron condenas en el 70,3% de los casos enjuiciados.
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El Observatorio también informa de los casos de violencia de género que han tramitado los juzgados de menores valencianos. Aunque se trata un volumen de fallos pequeño en relación al total (la mayoría previa conformidad del acusado), la evolución es preocupante: en 2022 se registraron 39 sentencias por delito de violencia de género (35 con imposición de medidas), mientras que un año después la cifra se ha elevado a 53 (51). Es un 35,9% más en doce meses.
Por otro lado, la Comunitat ocupó la tercera posición en tasa de víctimas por cada diez mil mujeres -106,5- sólo por detrás de Baleares, con una ratio de 124,8, y Murcia, con 114,5. La media de toda España fue de 79,4, seis puntos y medio más alta que en 2022.
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Por encima de la media nacional también se situaron Canarias, con 102,1; Andalucía y Navarra, con 88,8; y Madrid, con 80,9. Las tasas más bajas se contabilizaron en Castilla y León, con 52,5 víctimas por cada 10.000 mujeres; Galicia, con 53,1; País Vasco, con 56,8; La Rioja, con 58,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 62; Asturias, con 65,3; Aragón, con 72,8; Cantabria, con 76,7, y Extremadura, con 77.
El balante también da información sobre el porcentaje de valencianas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar, que aumentó un 15,5%, así como de las órdenes de protección y otras medidas cautelares adoptadas en el ámbito penal. Fueron 9.346, contando mujeres y niños, siendo las más frecuentes las órdenes de alejamiento -3.383- y la prohibición de comunicación -3.199-. Por otra parte, se dictaron 9.346 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal.
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En su valoración, Ángeles Carmona ha querido destacar el elevado porcentaje de condenas, pues a nivel nacional alcanzó un nuevo máximo histórico: 80,64%. A su juicio, «es un claro síntoma de que el funcionamiento de la justicia y de todos los operadores que colaboran con jueces y juezas va mejorando cada día». El porcentaje, ha añadido, implica que «la maquinaria que se pone en marcha cuando llega una denuncia por delitos relacionados con la violencia de género ha alcanzado un elevadísimo nivel de eficacia».
Además, ha incidido en la necesidad de mantener «los altos niveles de formación y profesionalidad de quienes hacen posible que la justicia funcione dando una respuesta», por lo que «el Estado debe seguir apostando por la lucha contra la violencia de género y debe seguir aportando los medios necesarios». Para ello, «hoy más que nunca es imprescindible que los partidos políticos dejen a un lado sus diferencias con el fin de reeditar tanto en el Congreso como en el Senado un pacto de Estado que, como el de 2017, nos permita seguir siendo puntas de lanza a nivel internacional en esta materia».
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Por otra parte, Carmona considera que el incremento de las denuncias y del número de víctimas requiere de un doble análisis. «Los datos tienen por un lado una lectura positiva, en la medida en que muestran que las mujeres confían en la justicia y dan el duro paso de denunciar a su agresor. Pero también nos muestran que la violencia contra las mujeres sigue muy presente en nuestra sociedad, con una media superior a las quinientas denuncias y víctimas al día a lo largo del año». Por último, ha pedido a las víctimas, en nombre del Observatorio, «que denuncien, que no guarden silencio y no sufran en soledad. Hay salida a la violencia de género, pero es necesario denunciar los hechos en el juzgado o en comisaría».
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