Silvia Blasco, presidenta de Aptur CV: «Hay una caza de brujas contra los pisos turísticos»

–Distintas administraciones han anunciado medidas para regular los pisos turísticos. ¿Cuál es el sentir del sector?

–Poner a las viviendas de uso turístico en el centro de la falta de vivienda es equivocado. Estamos asistiendo a una caza de brujas, se quieren cargar el sector. El problema no somos los que lo gestionamos de manera correcta. No se le pueden poner vallas al campo de la demanda. ¿Acaso un 1,9% del total del parque inmobiliario nacional tiene algo que ver en la política de vivienda que está determinando el Estado?

–Ante la disparidad de fuentes y cifras, ¿cuántas viviendas turísticas hay hoy en Valencia?

–Todo el mundo está cogiendo un dato concreto de empresas como AirDNA o Lighthouse, como la que utiliza el Ayuntamiento en Visit Valencia, que dice que, según Airbnb, hay 13.000 anuncios activos en la ciudad, pero ahí hay de todo: el 35% son habitaciones, que alquilarlas de forma turística es ilegal, hay anuncios duplicados e incluso una pocas habitaciones de hotel. El único registro fiable es el de la Conselleria de Turismo. La ventanilla única del Gobierno pretende registrar el alquiler temporal, el turístico es competencia autonómica.

–¿Qué opinión le merecen los «candados» que pretende implementar el Ayuntamiento?

–Como no hay rigor en los datos que manejan, hablar de candados me parece que fragmenta la sociedad. No se sabe si están gobernando para fomentar la economía y la libertad de empresa, para que todos podamos entrar en el estado del bienestar, o con medidas de la izquierda en base a su percepción social. Las viviendas de uso turístico generaron un impacto en el gasto de 758 millones en todo 2024 en la ciudad de Valencia. En 2023 eran 568 millones, este año pasado generamos 200 millones más y parece que eso no se traduzca ni en la economía ni en el empleo...

–¿Qué creen que ha motivado esta decisión?

–El anuncio, aparte de generar alarma para poder justificar la medida, es dar pan y circo: yo creo el problema y yo lo soluciono. Genero alerta diciendo que hay 700 solicitudes, pero son de bajos, no pisos. Donde antes había una referencia catastral, como obligan a segregarlos, ahora hay más. Por tanto, la incidencia sobre la vivienda es nula: son bajos comerciales que se transforman en espacios habitables.

–Entonces, ¿qué ocurre con los porcentajes para limitar el alojamiento turístico en función del número de residentes y viviendas por distrito, barrio y manzana?

–Muy bien lo van a tener que calibrar, porque voy a peritar lo que se vayan a inventar. Respecto de los datos, no sabemos en qué se basan. El Ayuntamiento no nos ha llamado y nos preocupa la falta de rigor. Porque si nos explicaran de manera clara y llana en qué se basan, nosotros hubiéramos estado al lado de la administración. La predominancia residencial no se puede perder. No estamos en contra de las limitaciones si son proporcionales, están perfectamente justificadas y cuentan con el sector para salvaguardar la seguridad jurídica de las viviendas ya registradas y que tienen derechos adquiridos.

–Pero ahora el Consistorio quiere que el 85% de bajos en cada manzana sean comercios.

–Según la compañía inAtlas, el 65% de los bajos comerciales cerrados en Valencia lleva así, como mínimo, más de cinco años.

–¿Cuándo empezó toda la problemática con los bajos?

–En 2018 Sandra Gómez se inventó los apartamentos en régimen de gestión hotelera, que sólo podían implantarse en plantas bajas y primeras plantas con entrada independiente, mediante una modificación puntual del plan general. Eso desencadena toda esta porquería porque la unidad de explotación de un hotel es el edificio y la unidad de alojamiento sus habitaciones, mientras que en las viviendas de uso turístico la unidad de explotación y de alojamiento es la vivienda. Un apartamento en régimen de gestión hotelera es un hotel o un aparta-hotel, pero en ningún caso una vivienda de uso turístico. Desde Aptur no lo defendimos ni lo criticamos porque pensamos que la cosa no iba con nosotros, pero lo han utilizado para atacarnos.

–¿Con el decreto-Montes hay más seguridad jurídica?

–La ley del Botánico de 2018 nos definía, pero el decreto aprobado el verano pasado nos defiende con el régimen transitorio a los inscritos antes de ese año y los registrados entre 2018 y el 8 de agosto de 2024. Estos no tienen que tener ningún permiso de la comunidad de propietarios para seguir siendo turísticos. Sin embargo, la modificación de la ley de Propiedad Horizontal del Gobierno, que entrará en vigor el 2 de abril, es una prohibición de facto porque obliga a tener autorización expresa con una mayoría de ⅗ partes de la comunidad de vecinos para abrir nuevas viviendas turísticas en un bloque.