El Síndic afea la pasividad del Consell con un vertedero que puso en jaque a la Albufera

Cuatro años con la parcela de la antigua fábrica Remag abandonada. Más de 8.000 toneladas de residuos acumulados. Dos incendios con apenas medio año de diferencia, entre junio y diciembre de 2018, y con el paraje natural de la Albufera amenazado por el riesgo de acabar contaminado por la llegada de aguas sucias canalizadas durante la extinción de las llamas. Y la inacción de una de las consellerias con más 'apellidos' de la Generalitat (la de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica) y del Ayuntamiento de Sollana, donde estaba asentada la antigua firma, como telón de fondo. Estos son los ingredientes de una resolución del Síndic de Greuges en la que afea a las dos instituciones su pasividad y falta de coordinación para impedir que los siniestros se produjeran.

El último de los incendios se produjo en diciembre de 2018. Estuvo durante una semana activo, emitiendo humo tóxico que obligó a advertir a las poblaciones cercanas y que supuso un reto para los bomberos. El uso de agua en exceso podía acabar generando una dañina riada de compuestos químicos a las acequias. Y de ahí a la Albufera, un paso.

El personal de extinción de incendios tuvo que dejar casi consumirse por sí mismas las miles de toneladas de plásticos, maderas y otro desechos voluminosos abandonados durante años en lo que fueron las instalaciones de una industria de gestión de residuos de madera. A ojos de la conselleria y el Ayuntamiento y sin que ninguno lo impidiera.

Los siniestros generaron una investigación del Síndic, que ahora se pronuncia. Con un párrafo especialmente contundente en su dictamen: «Es elocuente que ninguna de las dos administraciones llegó a imponer las multas coercitivas a los que se refieren sus resoluciones (a la empresa por no dejar de acumular residuos en el lugar). O que desde mediados de 2016 hasta mediados de 2018 no se informe de las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento de las obligaciones de reposición por parte de los titulares de la actividad, lo cual conduce a pensar que no se adoptó medida alguna«.

La resolución del defensor del pueblo también deja claro que quedan cosas por hacer. La retirada de los escombros comenzó a hacerse efectiva por la conselleria, pero mucho tiempo después del último de los siniestros. Como publicó LAS PROVINCIAS, no fue hasta julio del año pasado (siete meses transcurridos desde que las llamas devoraran el vertedero) cuando la entidad autonómica procedió a retirar los escombros acumulados. Pero no fue hasta que empezaron a arreciar las críticas del Ayuntamiento de Sollana y de entidades ecologistas ante el riesgo de que volviera a producirse un incendio. No hay que olvidar que, durante tres años, hasta que las llamas estallaron en 2018, los residuos se acumularon impunemente en el lugar.

El rapapolvos del Síndic de Greuges va dirigido tanto al consistorio como a la propia conselleria. Lamenta que, «aunque las administraciones con competencias en la materia detectaron, a través de las actuaciones de investigación efectuadas, los incumplimientos producidos por los titulares de la actividad y, con ello, las inadecuadas condiciones de conservación, seguridad e higiene de las instalaciones de referencia, procediendo a dictar las resoluciones sancionadoras pertinentes y a imponer las medidas cautelares precisas para lograr el desmantelamiento de los materiales acumulados, generadores de riesgos, no se adoptaron empero medidas concretas para obligar a los titulares al pronto y efectivo cumplimiento de las mismas«.

El Síndic expone algunos párrafos en su informe para mostrar las carencias de las actuaciones tanto del Ayuntamiento de Sollana como de la conselleria que hoy encabeza Mireia Mollà. Así, tras entrar la empresa en concurso de acreedores y cesar su actividad, por parte del consistorio se procedió a precintar el acceso y a la clausura del lugar. Pero «por la falta de medidas de control y vigilancia por parte de la entidad local se produjo el desmantelamiento de la instalación, así como el robo del material existente en la misma«. Hasta los ladrones camparon a sus anchas.

Y en otro párrafo, toca sonrojo para la entidad autonómica. Incluso con comentario por parte del Síndic: «Es ilustrativo que la conselleria afirme en su informe, tras el primer incendio...». E incluye entonces un párrafo en el que el propio departamento autonómico reconoció, días antes del segundo incendio, en un comunicado enviado al Ayuntamiento de Sollana, que en las instalaciones seguían «depositándose residuos sin ningún tipo de control, con peligro y afección para la Albufera». Y unos por otros, el pulmón de Valencia en peligro.