El Síndic alerta de que 7.100 familias están en riesgo de perder la vivienda

valencia. Un total de 7.100 hogares valencianos se encuentran en el límite de la pobreza en vivienda, es decir, ante cualquier cambio negativo en su situación económica podrían perder su casa y necesitar ayudas públicas. Es una de las conclusiones recogidas en el informe especial sobre la situación de la vivienda pública en la Comunitat que ha elaborado el Síndic de Greuges y que ayer se presentó en Les Corts.

Un extenso documento (650 páginas) que la institución decidió iniciar de oficio -habitualmente los informes se realizan tras recibir quejas de ciudadanos - para analizar la oferta de la vivienda pública, la demanda actual y futura y su impacto como generador de pobreza, entre otros aspectos, según explicó el adjunto primero a la Sindicatura, Ángel Luna. El también coordinador del informe detalló que se han analizado datos del periodo 2005-2015 (último año del que hay cifras oficiales públicas) procedentes de la Generalitat, el INE y los ayuntamientos.

Así, por ejemplo, se ha constatado que la sociedad valenciana es «más pobre que la española» tras la crisis económica, con una situación más agravada en Alicante. En este sentido, el número de hogares sin ingresos alcanzó el máximo en 2013, con 44.028. En el caso de la provincia de Valencia, el problema se concentró en el área metropolitana mientras que en Alicante, en el interior. En Castellón afectó a toda su área geográfica.

Junto a las 7.100 familias en riesgo de perder su casa, existen otros 253.000 hogares pobres con pagos pendientes por vivienda, es decir, el 12,67% del total; 190.700 que destinan el 30% de la renta a pagar el piso; y otros 149.000 con problemas de 'housing stress' (hogares por debajo del 40% de la distribución de la renta que destinan el 30% de la misma a la vivienda).

Además, el informe del Síndic revela que el parque público de viviendas es «insuficiente» para atender la demanda de los colectivos más desfavorecidos y para hacer frente a los desahucios y a los niveles de pobreza. De hecho, Ángel Luna cifró en 3.700 unidades las que harían falta para afrontar las necesidades de las familias sin recursos, ya que habría que contar con los 3.150 pisos públicos que están vacíos actualmente o que necesitan una rehabilitación debido a su estado. No obstante, el déficit de vivienda podría dispararse hasta las 20.000 «ante una eventual contracción del ciclo económico» debido al elevado número de hogares en riesgo.

En la actualidad, el parque de viviendas sociales en la Comunitat es de 65.000 viviendas, de las que el 54% son gestionadas por la Generalitat. Del total, el 95% están habitadas, por lo que apenas existe rotación, y el resto se encuentran ocupadas ilegalmente (2.130), vacías o pendientes de reformas. De ahí el tirón de orejas del primer adjunto de la Sindicatura de Greuges, ya que criticó el «escaso» gasto público de las administraciones en materia de vivienda entre 2010 y 2015: el 13% los entes locales (ayuntamientos y diputaciones) y entre el 1,4-2% la Generalitat.

Entre las recomendaciones del Síndic a la Generalitat figura el incremento del parque público y las dotaciones presupuestarias; la creación de un registro que permita contar con datos «fiables y exactos» sobre la oferta y la demanda y el estado de las viviendas; o la aplicación «contundente e inmediata» de la Ley por la Función Social de la Vivienda, que contempla ayudas al alquiler y cuya suspensión por parte del Tribunal Constitucional se ha levantado a excepción de dos artículos (relacionados con los deudores y con las expropiaciones).