El Síndic arremete contra Igualdad por «obstaculizar» su investigación de los centros de menores

A este respecto, y como conclusión general, el Síndic de Greuges insiste en que, «como Alto Comisionado de Les Corts Valencianes para la defensa de los derechos de las personas, tiene derecho a obtener una copia en formato electrónico de las actas de inspección emitidas por los funcionarios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con independencia del estado de tramitación en el que se encuentre el procedimiento en el que hayan sido emitidas, y sin perjuicio del deber de tratar dicha información con la máxima reserva y discreción, protegiendo los datos personales que pueda contener».

En consecuencia, considera que la negativa a la remisión de las actas a esta institución es «injustificada» puesto que contraviene los artículos 37 y 45.1 de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Por ello, y en virtud del art 39.1.a) y 39.2 de la citada ley, «declaramos a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas como entidad no colaboradora y obstaculizadora de las actuaciones del Síndic, al no proceder a la remisión electrónica de las citadas actas».

Frente a ello, sí aprecia que la Administración autonómica acepte e incluso se comprometa a cumplir distintas recomendaciones, como reducir al número de menores de seis años que hay en centros residenciales (deberían estar con familias de acogida) o adecuar las infraestructuras y los equipamientos de estos recursos sociales.

Así, y tras el caso de Dénia, el Síndic empieza a indagar sobre la situación en los que se encuentran los 24 centros de acogida existentes en la Comunitat, por lo que solicita a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas un informe. El primer envío del departamento no da respuesta a todos los requerimientos del Síndic, que tiene que volver a solicitar la información pendiente. El defensor del pueblo valenciano también pide a las tres fiscalías provinciales copia de las actas de las visitas realizadas, en las que descubre distintas deficiencias, como mobiliario obsoleto, infraestructuras deficitarias, un alto grado de interinidad de los profesionales, problemas con la calefacción y la accesibilidad o la «necesidad imperiosa» de realizar reformas arquitectónicas en algunos de los centros, especialmente en los de gestión pública. En otros, básicamente los de gestión privada, «nada que reprochar» o «destaca la implicación, ilusión y entrega que trasmiten» son algunos de los comentarios que realizan los ministerios fiscales de Alicante y Castellón, puesto que el de Valencia reconoce que «no se han practicado visitas presenciales».

Después de analizar toda la información recopilada, el Síndic realiza una serie de recomendaciones al departamento autonómico, como impulsar programas alternativos al acogimiento residencial (especialmente entre los menores de 6 años), acabar con el retraso en los pagos a los centros (costes de funcionamiento y personal), reducir la inestabilidad laboral, incrementar la supervisión presencial y una adecuación de las infraestructuras y los equipamientos, entre otras cuestiones.

Igualdad, por su parte, acepta la mayor parte de las recomendaciones y señala que «se está trabajando activamente para reducir el número de niños menores de 6 años en acogimiento residencial, priorizando el acogimiento familiar siempre que el perfil de la familia acogedora se ajuste a las necesidades del niño», y que «en todo momento se procura que la estancia de los menores de 6 años en acogimiento residencial, no sea superior a 3 meses. No obstante, hay situaciones en las que, por su complejidad, tales como, la existencia de diversidad funcional o existencia de hermanos, se puede generar demora en la asignación de otra medida al no disponer de familia acogedora adecuada».

Sobre las infraestructuras, desde el departamento señalan que «próximamente se va a proceder a la reforma integral o parcial de varias residencias competencia de la Dirección General de Infancia y Adolescencia, financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR) de la Unión Europea».

Así las cosas, la conselleria justifica la situación e informa de que se están adoptando o se van a adoptar las medidas necesarias para mejorar la asistencia que se presta a estos tutelados, pero insiste en no proporcionar copia de las actas de las inspecciones desarrolladas para «preservar la integridad de la función inspectora» y porque las conclusiones pueden ser provisionales o ya se hayan resuelto las deficiencias detectadas. Frente a ello, el departamento ofrece al Síndic que acuda a las sedes autonómicas para revisar, sin límite de tiempo, el contenido de las inspecciones.

Estas explicaciones, sin embargo, no convencen al defensor del pueblo valenciano, que insiste en la «obligación de colaborar con el Síndic de Greuges mediante el suministro de información y documentación», y de manera preferente «por medios telemáticos». También recuerda el deber de este órgano de «atender preferentemente a personas menores de edad y en situación de exclusión social o vulnerabilidad»; e incluso que la institución «puede solicitar informaciones o documentos declarados secretos» y que la información en su poder «es tratada con la máxima reserva».

Por tanto, casi un año después, y en atención a lo expuesto, «acordamos el cierre del presente expediente de queja y la notificación de esta resolución a todas las partes». «No obstante lo anterior, el Síndic de Greuges seguirá realizando las actuaciones oportunas para asegurar el cumplimiento efectivo de la recomendaciones realizadas», advierte el órgano autonómico.