La Sindicatura culpa al Botánico de un presupuesto insuficiente para material sanitario

La auditoría señala que existe una «falta de planificación adecuada de la contratación centralizada» por parte de la anterior Generalitat. Según detalle el informe, las compras directas, sin ajustarse a la normativa (1.112,8 millones de euros), representan el 85,4% en medicamentos y entre el 65,8% y 80,2% en medicamentos y productos sanitarios en los cinco departamentos de salud visitados. Además, el tribunal de cuentas valenciano establece que se observa «una insuficiencia de personal especializado en contratación», que se une a que las normas legales no contemplan las necesidades particulares de la gestión de compras sanitarias. Por otra parte, en algunos casos, no existe competencia efectiva por falta de ofertas en los materiales y medicamentos.

Como ya informó este periódico hace un mes, el Botánico le ha dejado 190.000 facturas sanitarias sin pagar al Consell de Mazón, entre las que se incluyen, además de medicamentos, material sanitario, mantenimiento de infraestructuras y equipamiento médico. Ese agujero que se ha encontrado el nuevo gobierno autonómico refleja que hay empresas sanitarias que acumulan impagos de los hospitales valencianos desde hace seis meses. Las deudas del Botánico afectan al abono de material médico y medicamentos de La Fe, el Clínico, el General o el hospital de Elche.

Entre las observaciones que hace el organismo en esta auditoría señalan también falta de transparencia en la determinación de los precios e indefinición de artículos. «En las compras directas cada departamento de salud acuerda un precio con el proveedor, con escasa o nula capacidad de negociación ante la prioridad de la atención sanitaria. En medicamentos no existe un precio único y homogéneo, y los descuentos de los proveedores son distintos entre los departamentos, lo que impide conocer el precio real de los productos. Además, se realizan compras sin utilizar los artículos de las bases de datos maestros», refleja en el informe.

Las existencias, al cierre de 2022, ascienden a 207,6 millones de euros. «Hemos observado falta de control en almacenes y de procedimiento de valoración de existencias. Los criterios de valoración no son homogéneos entre los departamentos y se deberían incluir las existencias de los almacenes intermedios. No se formaliza la conciliación del inventario físico con los sistemas de información. En algunos casos, se debe mejorar el control de accesos a los almacenes», añade el Síndic.

Otra de las conclusiones que apunta la auditoría hace referencia a que se producen «sobrecostes por el devengo de intereses y costes de indemnización derivados de la demora en el pago» que agrandan la deuda del Consell. En 2022, el periodo medio de pago de 112 días supera el plazo legal máximo de 60 días y se han generado intereses de demora y costes de indemnización por 54,1 millones de euros, con tipos legales superiores al mercado financiero. El Síndic recuerda que los intereses «se deben liquidar de oficio». Además, también señala que debe mejorar «la definición de los indicadores de gestión y se observa una falta de control por la Conselleria de las desviaciones en los resultados de estos indicadores, entre los distintos departamentos», apunta el defensor del pueblo.

En el informe el Síndic señala seis incumplimientos significativos de la normativa y ofrecemos medidas correctoras y recomendaciones, entre las que pide que se establezca una dotación presupuestaria acorde a las necesidades reales, una adecuada planificación de la contratación, así como reducir las compras directas y los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto. También propone mejorar y fomentar las compras centralizadas y recuerda que es «responsabilidad de los órganos superiores de la Administración de la Generalitat aprobar el plan de acciones y medidas correctoras».

La auditoría reclama que se haga un control efectivo de las desviaciones en los indicadores de gestión y que se fomenten los medicamentos biosimilares para obtener ahorros, en vez de no ofrecer alternativas para que no haya competencia de productos. En este sentido, recomienda aplicar el sistema Orion Logis para mejorar el cálculo del precio real de compra, así como diseñar controles de detección de desabastecimientos e imposición de indemnizaciones y también unificar los criterios de valoración y control de las existencias en los almacenes. Y por supuesto, aboga por evitar la demora en el pago que supone sobrecostes por intereses.