El Síndic exige a Educación que facilite a los colegios la documentación en castellano

Así se desprende de la resolución del Defensor del Pueblo a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS y cuyo punto de partida fue una sesión del consejo escolar del centro celebrada en julio, en la que se presentó la memoria del curso únicamente en valenciano. Se trata de un informe sobre la evolución del ejercicio que incluye datos de todo tipo, como resultados de evaluación o análisis de funcionamiento de programas específicos.

La impulsora de la queja, Asun Núñez, representante de las familias en el órgano colegiado y coordinadora de la asociación Hablamos Español en Alicante, mostró su extrañeza porque habitualmente el centro facilitaba cualquier documento en las dos lenguas. La explicación que recibió fue que el programa informático de la administración que permitía generar el informe sólo daba la opción del valenciano. Sin embargo, se tradujo para facilitar la comprensión de los consejeros más familiarizados con el español y se acordó presentar una reclamación ante la dirección territorial de Alicante, solicitando que este tipo de documentos se pudieran emitir en ambas lenguas.

Tras seis meses sin que se diera respuesta al consejo, Núñez recurrió al Síndic a través del departamento de quejas de la asociación, incluyendo en su petición que cualquier documento de interés llegara en ambas lenguas, evitando que el centro tuviera que traducirlo por su cuenta. También alertó de que el canal de la aplicación Telegram que utiliza Educación para informar de convocatorias, medidas o procesos importantes, abierto a cualquier persona, sólo se vehiculaba en valenciano.

La respuesta de la conselleria llegó desde el Servicio de Educación Plurilingüe. Se alegó que no conocían el escrito del consejo, pues fue dirigido a la dirección territorial, ni sabían de los criterios lingüísticos de las plataformas oficiales o de la citada aplicación. Además añadían que la petición de que las comunicaciones del centro fueran bilingües contravenía el decreto de usos institucionales de las lenguas, que fija que serán en valenciano salvo que el interesado pida que lleguen en castellano. En este punto se desliza una crítica al Defensor del Pueblo al referirse a «quejas anteriores» por este motivo y cuestionar la propuesta que defiende: que no se precisa una petición expresa.

El Síndic replica en su resolución, salpicada de referencia normativas y judiciales, que las administraciones «actúan con personalidad jurídica única». Es decir, que no es obstáculo que la petición del consejo escolar llegara a una unidad administrativa diferente a la que responde. Y también advierte de la obligación de dar respuesta expresa a las reclamaciones.

Sobre el desconocimiento de los criterios lingüísticos, le recuerda al servicio que es algo que forma parte de sus competencias, por lo que «no debe resultar difícil tener información». Además insiste en su postura de que las comunicaciones y demás documentos informativos entre el centro y las familias «se efectúen en las dos lenguas sin necesidad de un acto formal expreso y por escrito», y aprovecha para recordar en este punto que parte del decreto de usos institucionales está anulado judicialmente precisamente por el trato que se da al castellano.

El Síndic reconoce la obligación de la Generalitat de fomentar el valenciano y acepta que se puedan establecer «reglas de uso prioritario», pero siempre que no se altere «el modelo lingüístico constitucional garantizando el derecho del ciudadano a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales».

También asume el esfuerzo económico que comporta la adaptación de las plataformas y el canal de Telegram, pero citando la Constitución y el Estatuto defiende que la cooficialidad «tiene que ser patente en todas las manifestaciones de la administración», desterrando «cualquier forma de discriminación lingüística».

Por todo ello recomienda a Educación que dé respuesta «expresa y motivada» al escrito del consejo escolar y que se garantice «el derecho de los ciudadanos a dirigirse y obtener respuesta de la administración en cualquier de las lenguas de conformidad a los principios de antiformalismos, sencillez y eficacia».

También le sugiere que «adopte las medidas que sean necesarias, incluidas las presupuestarias y tecnológicas, para adaptar al régimen de cooficialidad lingüística» las memorias de final de curso que se remiten a los centros públicos, «ya que entendemos que van dirigidas a toda la comunidad educativa, incluidas las familias», así como el canal de Telegram.