El Síndic exige medidas para evitar otro caos en el transporte escolar de la Comunitat

El informe, fechado a mediados de diciembre, es bastante crítico con la administración autonómica y plantea medidas como la realización de inspecciones técnicas de los vehículos previas al inicio de cada ejercicio o la creación de protocolos que permitan, en caso de volver a tropezar con la misma piedra, garantizar el transporte del alumnado.

Ángel Luna, que también actúa en ese caso como Defensor de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, inició una queja de oficio a raíz de la cascada de incidencias que se produjeron durante los primeros días del curso, coincidiendo con la puesta en marcha del nuevo contrato de transporte escolar, firmado por el Consell anterior y que se prolongará hasta el curso 2025-2026 por un valor estimado de más de 400 millones de euros.

Las rutas que precisan los centros públicos se organizaron en 18 lotes, centrándose los problemas en el número 5 de Valencia, con 53 escuelas asignadas y adjudicado a la Unión Temporal de Empresas liderada por el grupo gallego Monbús. Aunque los problemas también afectaron a servicios ordinarios, el Síndic ha centrado su investigación en los alumnos de Educación Especial, al fin y al cabo los más perjudicados por sus mayores necesidades de transporte.

La UTE presta servicio a diez centros de este tipo, y todos sufrieron algún problema, aunque en la respuesta de la conselleria a la petición de información del Síndic, habitual en todos los expedientes que instruye, no se cita al situado en Cheste. Las incidencias fueron múltiples: no aparecieron los autobuses asignados, en varios casos durante días y en los trayectos de ida y vuelta, los que llegaban no tenían espacio suficiente o fallaron las rampas para las sillas de ruedas. El informe también habla de distintas averías, incluyendo la refrigeración, y las AMPAS denunciaron en su momento carencias añadidas como falta de las monitoras necesarias o de material para el correcto anclaje de los carros.

Con los datos facilitados por el departamento se puede hacer una radiografía algo más precisa de la afectación. Los problemas se prolongaron durante once días lectivos consecutivos -los últimos incidentes se produjeron el día 25 de septiembre-, afectaron a nueve centros y dejaron 700 estudiantes perjudicados.

Educación, tras destacar que los problemas se ciñeron a un único lote y que el servicio implica en total a 41.000 estudiantes y a 1.300 vehículos, informó también de las actuaciones de «control y supervisión en materia de tráfico y seguridad vial realizadas» y del expediente de penalidades impulsado contra la empresa, por incumplimiento muy grave en la ejecución del contrato. «La conselleria ha actuado sin demora, de acuerdo a lo permitido en la normativa de contratación y seguridad en el transporte», concluía el departamento.

La primera crítica del Síndic tiene que ver con la falta de respuesta a dos de las peticiones de información planteadas a la administración: el resultado de las inspecciones realizadas en los vehículos y los informes de incidencias emitidos por los centros, lo que implica «un deficiente modo de colaborar con la investigación emprendida».

En cualquier caso, continúa, de los datos trasladados se deduce que sí existió un perjuicio claro, por lo que «se tendrían que articular modelos de gestión pública flexibles y contingentes que tengan capacidad para transformarse y adaptarse a estos escenarios», teniendo en cuenta que «no se puede mantener la deficiencia en la prestación del servicio durante once días lectivos, con los efectos negativos que se producen tanto a este alumnado como a sus familias».

El Síndic también «echa de menos» que la administración educativa «no se comprometa» a adoptar determinadas medidas con el fin de que no se produzcan de nuevo estas incidencias en los arranques de ejercicio, y le pide que evalúe la posibilidad de que desde la Dirección General de Transportes, de la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras, se revisen «previamente antes del inicio del curso los vehículos que prestan el servicio al alumnado con necesidades educativas» para verificar el cumplimiento de la normativa, o que los centros «informen de manera inmediata de cualquier incidencia detectada». Además, sugiere que el área encargada de los servicios educativos complementarios «revise o requiera» a las empresas prestatarias «declaraciones o informes» en los que se manifieste que los autobuses están bien adaptados.

También ha considerado «deseable» que la administración hubiera dejado constancia en su informe de los efectos negativos en cuanto a pérdidas de clase y de apoyos clave para los alumnos con alguna discapacidad, como especialistas de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica o Fisioterapia, y hace hincapié en la situación de «agravio comparativo «que padecieron respecto a los que sí tuvieron transporte. Y es que, recuerda el Síndic, «corresponde a la administración pública valenciana adoptar las medidas organizativas oportunas para paliar las deficiencias detectadas».

«Sin dejar de reconocer el esfuerzo realizado (por la conselleria), se acredita que es necesario y urgente buscar alternativas que respondan mejor a la problemática planteada a fin de anticiparse al conflicto y que situaciones como las descritas no vuelvan a suceder», concluye, antes trasladar una batería de recomendaciones y sugerencias a modo de cierre.

El Síndic habla de inspecciones a los vehículos de las rutas problemáticas, en caso de que no se hayan realizado ya; de evaluar si se han producido efectos negativos (pérdidas de clase y de atención de especialistas) y tratar de paliarlos, «adoptando aquellas medidas que se consideren necesarias para revertirlos»; de crear «a la mayor brevedad» un grupo de trabajo entre las consellerias de Infraestructuras y Educación para «revisar la normativa en su caso así como para elaborar y aprobar protocolos de actuación conjunta para abordar situaciones como la sufrida»; y la posibilidad, ya citada, de programar la revisión, antes de los inicios de curso, de los vehículos que trasladan a alumnos con necesidades especiales.