El Síndic exige mejoras de gestión para evitar impagos al profesorado de la concertada

El defensor del pueblo abrió una investigación a raíz de las quejas presentadas por docentes afectados y por el sindicato FSIE CV, que a principios de febrero hablaba de 350 profesionales que no habían recibido su remuneración desde el inicio del curso, amén de otras demoras menos gravosas en cuanto a plazos o de las nuevas incidencias que se añadieron en los meses siguientes. Los impagos, sufridos sobre todo por docentes de nueva incorporación o cuyas horas de trabajo han aumentado este ejercicio, han provocado concentraciones y críticas de las patronales y las asociaciones de familias.

En la resolución, a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, el Síndic afea a Educación su falta de colaboración por no remitir buena parte de la información requerida y acaba planteando seis medidas para agilizar la tramitación, implicando también a los centros en algún caso. En la concertada la nómina la paga la conselleria, actuando de intermediaria, pero la tramitación corresponde a las escuelas en base a las normativas y plazos marcados.

El informe presentado al Síndic por el departamento explica cómo funciona el procedimiento y traslada sus argumentos, centrados sobre todo en la complejidad añadida que supone la gestión de variaciones de nóminas, por ejemplo cuando un docente asume más horas, como pasar de media jornada a una completa.

Los centros tienen de plazo hasta el día 4 del mes siguiente al hecho para comunicarla, y deben adjuntar una documentación «que no en pocas ocasiones se presenta con cierta demora o incompleta», lo que requiere de nuevos plazos de subsanación.

Educación defiende así que el retraso «en la producción de efectos económicos no sólo obedece a causas imputables a esta administración», antes de reconocer que la gestión del pago «requiere tareas complejas» y afecta a un volumen «elevado de nóminas y a una diversidad notable en la casuística que se plantea». Situación que se ha complicado con la pandemia al incrementarse los docentes en activo. A modo de ejemplo se señala que se han tramitado, mensualmente, alrededor de 15.000 salarios y unas 5.000 variaciones retributivas.

También diferencia entre la gestión de los profesionales ordinarios «que no ofrecen mayor particularidad» salvo en caso de sustituciones, y la de los adicionales que se derivan de programas anuales de la administración (recursos Covid, para atender alumnado con necesidades específicas de apoyo o de FP). En estos casos los centros sólo pueden asignar más horas a sus docentes -o contratar nuevos- cuando la convocatoria correspondiente está resuelta. El informe pone de ejemplo una -de refuerzos educativos para todo el curso- que se oficializó el 29 de octubre, por lo que la actualización salarial llegó en noviembre y diciembre.

En la resolución el Síndic pide a Educación «que extreme al máximo la diligencia organizativa y administrativa para garantizar el abono de las retribuciones desde el inicio del curso 2022-2023», que se planifiquen «con antelación suficiente las aprobaciones de los nuevos programas» y lleguen antes de que empiece el ejercicio (en referencia a los recursos adicionales) o que se realicen «los estudios pertinentes para acortar los plazos de tramitación y de respuesta a las solicitudes de nómina presentadas por los centros en evitación de demoras innecesarias». En este sentido se sugiere también facilitar la gestión «en la tramitación de las incidencias detectadas» cuando se pide una variación de nómina.

Además, propone que se celebren reuniones informativas con los centros que eviten retrasos en la documentación que deben aportar y que se emitan notas informativas para que las hagan llegar a los profesores para que cualquier incidencia la trasladen primero a la escuela para que la gestione, y no a la administración.

Desde FSIE CV celebran «que el Síndic confirme que la conselleria debe garantizar el abono de las nóminas y acabar con los impagos y las demoras» y reclama que los programas de profesorado adicional «se planifiquen con antelación suficiente», igual que plantea la institución. También pide cambiar la normativa marco «en aras de una mayor celeridad de las incidencias detectadas». Por último critica que las reclamaciones presentadas por los afectados a la administración no suelen tener respuesta, otro aspecto para el que el Síndic pide una mayor diligencia.