El Síndic de Greuges investiga el «colapso» de la Agencia de Protección del Territorio

Así, la Sindicatura ha abierto una queja de oficio para investigar la «grave demora» y el «colapso» de la AVPT a la hora de iniciar, gestionar y resolver los procedimientos para restaurar la legalidad urbanística y sancionar infracciones cometidas en suelo no urbanizable. Según la propia AVPT, los municipios le han remitido más de 2.000 infracciones y acumula cientos de expedientes sin iniciar.

El defensor decidió iniciar esta investigación como consecuencia de la respuesta que la AVPT ofreció a esta institución, a raíz de la reclamación de un ciudadano por la inactividad de la administración ante una denuncia interpuesta por la ejecución de unas obras que consideraba ilegales, según informa la Sindicatura.

En su respuesta, la Agencia trasladó al Síndic que acumulaba varios centenares de expedientes electrónicos pendientes de poder iniciar su tramitación jurídico- administrativa para exigir el restablecimiento de la legalidad urbanística.

La AVPT señaló como causa del retraso acumulado «las más de 2.000 infracciones urbanísticas que habían remitido los más de 300 municipios adheridos», así como «la escasez de medios humanos y materiales» en este organismo autónomo de reciente creación.

Sobre esta situación se pronunció el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, durante su intervención en Les Corts para hacer repaso de su gestión al frente de la conselleria. En este sentido, Martínez Mus aseguró que el actual Consell la «pondrá en marcha de verdad, y no venderá humo como el Botánico».

En este sentido, el pasado 26 de septiembre el conseller encargado de los asuntos de Territorio se reunió en Elche con el director de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, Santiago Gambín. Durante el encuentro de trabajo, el conseller prometió a Gambín que dotaría de mayor personal y mejores medios materiales a la Agencia para que pueda realizar su labor «en las mejores condiciones». Para ello, Martínez Mus informó que ya se han iniciado los procedimientos para buscar un nuevo edificio donde se pueda instalar la AVPT. ¿El motivo? Según indica a este periódico la conselleria, la actual sede de la agencia no puede albergar el aumento de plantilla necesario para cumplir con la demanda. De ahí ese «humo del Botánico» que mencionó Martínez Mus en Les Corts el pasado jueves.

Esta información sobre la organización, dotación de medios personales y materiales y funcionamiento de la AVPT generó una «evidente preocupación» en el Síndic. En particular, sobre su capacidad para servir a los intereses generales que le corresponden y cumplir con las competencias que la legislación le ha atribuido.

Ante esta situación, el defensor ha solicitado a la Agència que informe sobre los medios personales y/o materiales con los que cuenta para el cumplimiento de sus funciones y de los objetivos marcados en el plan plurianual de gestión y en el programa anual de actuación, explicando las carencias y necesidades que se detecten.

También le ha pedido que indique las medidas precisas para paliar esta situación y el número de denuncias recibidas, aclarando la demora que acumula cada una de ellas.

Por último, el Síndic quiere saber el estado de tramitación de los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística en los que se hayan rebasado los plazos establecidos de resolución, con indicación expresa del tiempo de la demora acumulada. Con la apertura de esta queja, el Síndic realiza esta serie de cuestiones a la administración implicada y ésta deberá contestar en el plazo de un mes.

Tal y como ha informado el Defensor, en muchas ocasiones las administraciones solicitan una ampliación del plazo para proporcionar las respuestas, y el Síndic suele facilitarlo. Una vez cumplidos los tiempos que exige el Síndic, si una entidad no ha dado contestación alguna se le considera 'no colaborativa' y queda registrado en Les Corts. En este sentido, las actuaciones del Síndic de Greuges actúan como medidas de presión para que las administraciones traten a la ciudadanía valenciana de una manera correcta y digna.