El Síndic recrimina a Educación por una nueva denuncia de adoctrinamiento en las aulas

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha dado un tirón de orejas a la Conselleria de Educación por la falta de actuación ante la denuncia presentada por el PP de un caso de discriminación hacia este partido en un ejercicio escolar. Así lo desveló ayer la presidenta de los populares en la Comunitat, Isabel Bonig.

El profesor José Luis García Martínez, docente del centro Jaume I de Burriana, propuso un ejercicio online a sus alumnos durante el confinamiento en el que se incluía el análisis de un artículo que culpaba al PP del Covid-19 por la falta de inversión durante su mandato. En el ejercicio se lanzaban preguntas como si España estaba preparada para el Covid-19 y si había alguna relación entre los recortes de investigación y sanidad y las muertes por el Covid-19 en España.

Tras la denuncia formulada por la Diputada en Les Corts del PP, Beatriz Gascó, el Síndic abrió una investigación, ya que Educación dio carpetazo y decidió no sancionar al docente. El informe del Síndic concluye que «se debe de recordar al personal docente el deber de imparcialidad en el ejercicio de la docencia que supone pluralidad y, por tanto, la utilización de material didáctico de contenido plural que abarque las distintas visiones contrapuestas».

El Síndic considera que «lo denunciado puede alterar o no garantizar de modo adecuado el principio de pluralidad que siempre debe guiar a los centros educativos». Luna añade que «no se puede negar que los artículos utilizados por el docente para desarrollar la práctica no han sido idóneos, sencillamente por no ser plurales». Por todo ello, afirma que «se desprende cierta parcialidad en la presentación de la información facilitada al alumnado, dando una información, entendemos que limitada, la mención a un partido político y en un momento en que la sociedad estaba y estamos ante una emergencia sanitaria global asociada al Covid-19». Y añade que «en semejante circunstancia, cabe esperar que un docente proceda con la mayor prudencia y ecuanimidad a la hora de aportar la información para el trabajo».

Incluso argumenta que en la actuación de este docente «se echa en falta esa actitud respetuosa». Eso sí, reconoce que es la comunidad educativa la que tiene que acordar si se dan indicios racionales de una supuesta infracción del ordenamiento jurídico o la apertura de un expediente. Y da un plazo de un mes a Educación para la aceptación de la sugerencia del Síndic. Por su parte, la presidenta del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, anunció que pedirán que «se abra expediente al profesor porque ha quedado demostrado que adoctrina en las aulas y si Educación no lo hace, acudiremos a los tribunales. Hay responsabilidad política del señor Puig, que sigue de vacaciones». Añadió que Puig «acumula ya más de 20 sentencias que le han tumbado su política educativa y lingüística».

Bonig señaló que el PP «no va a tolerar la falta de respeto al pluralismo en las aulas» y agradeció las conclusiones del Síndic. «Todos sabemos el pasado político de Luna, pero ha hecho honor a la imparcialidad de su cargo». Por su parte, la diputada popular en Les Corts y responsable de Educación en el PP, Beatriz Gascó, pidió el cese del conseller Marzà y añadió que «exigiremos a Puig que actúe y que abra expediente. El PP hará de muro de contención de los intentos de adoctrinamiento». Gascó aseguró que «nos parece un insulto que Educación trate de dar carpetazo al tema cuando es un asunto muy grave».