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El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, acompañado de la adjunta primera, Concha Bru, y del segundo, Carlos Castillo, ha presentado ... en Les Corts su Informe Anual 2024 en el que denuncia que «la excepcional pérdida de vidas humanas que provocó la Dana ha puesto de manifiesto el fracaso de la Administración en la protección del derecho a la vida». Ángel Luna también ha censurado la falta de solidaridad y leal cooperación institucional entre los responsables de las diferentes administraciones para afrontar la catástrofe.
El defensor autonómico, en el ejercicio de sus funciones, hubiera investigado cómo se gestionó la emergencia causada por la DANA, pero la Ley del Síndic no permite que intervenga si ya hay acciones judiciales en curso sobre el tema. Así pues, serán los juzgados y tribunales los encargados de decidir el alcance de las presuntas responsabilidades de cada administración, y de sus titulares, en la gestión de la catástrofe.
No obstante, quedan actuaciones e inactividades administrativas que deben ser analizadas por esta defensoría. De hecho, en la reunión del Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Síndic celebrada el 16 de diciembre de 2024, algunos trabajadores públicos y profesionales de diversos sectores asistentes manifestaron que la ausencia de riendas institucionales estaba provocando que se funcionara en el «caos». Miembros del Observatorio fueron contundentes al señalar que la falta de ordenación de las prioridades de intervención, y de las más elementales medidas de coordinación entre administraciones, estaban provocando la pérdida de eficacia de los considerables esfuerzos realizados.
Luna ha señalado que «la extrema polarización política que se ha instalado en nuestras instituciones resulta fatal en momentos en que se necesitan esfuerzos coordinados y generosos». La falta de coordinación entre administraciones, junto con una especie de carrera por visibilizar las diferentes ayudas, ha causado confusión y desasosiego en la ciudadanía, obligando a los afectados a lidiar con trámites innecesarios y contradictorios. «Es inaceptable que, en momentos de crisis, las administraciones no trabajen juntas de manera efectiva», afirma el defensor.
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