Unos 7.100 hogares de la Comunitat están en riesgo de pobreza extrema de vivienda, lo que implica que podrían necesitar ayuda pública en caso de que su situación económica empeorara.
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Es una de las conclusiones del informe sobre vivienda pública que ha elaborado el Síndic de Greuges y que se ha presentado hoy en Les Corts. Según las estimaciones del estudio, el déficit de vivienda pública asciende a 3.700 unidades, especialmente en Valencia y Alicante. En caso de una contracción del ciclo económico la cifra podría dispararse hasta las 20.000.
Por ello, el adjunto primero al Síndic, Ángel Luna, encargado de coordinar el informe, ha instado a las administraciones a aumentar el gasto público en vivienda social y a aumentar el parque de viviendas. Además, ha solicitado a la Generalitat que aplique la Ley por la Función Social de la Vivienda, tras haber levantado el Tribunal Constitucional su suspensión a excepción de dos artículos.
El informe, elaborado con datos de 2015 (los últimos publicados), también constata que hay 66.000 pisos sociales en la Comunitat, de los que el 95% están en uso. De ellos, 2.130 están ocupados ilegalmente, 2.000 permanecen vacíos y 1.150 necesitan una rehabilitación.
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