El Síndic investiga al Consell por abusar de la cita previa y no paliar la brecha digital

«La utilización por parte de la Administración de los medios telemáticos no puede suponer una pérdida o menoscabo de derechos, entre los que también cabe incluir el derecho a no relacionarse electrónicamente o derecho a la objeción digital», señala la entidad en su documento.

La tan manida cita previa, que supone un auténtico muro para muchos ciudadanos que no dominan las aplicaciones y herramientas tecnológicas o informáticas centra buena parte de la resolución del Síndic. «La exigencia de cita previa a los ciudadanos ha sido objeto de numerosas quejas. El Síndic viene recomendando que se atienda a las personas que se dirijan a las oficinas de atención y registro sin estar limitadas ni sujetas a obtener una cita previa. Además, a dichos efectos, el defensor insiste en que se den las órdenes oportunas para asegurar la atención presencial de los ciudadanos dentro de los parámetros de normalidad que estos requieren».

Sobre qué hace la Generalitat para paliar la brecha digital de los ciudadanos, ello también es objeto de un tirón de orejas por parte del defensor valenciano. Critica que, mientras otras autonomías ya han puesto en marcha una bolsa de funcionarios con «decretos por los que se crean registros de funcionarios públicos habilitados y se aprueban reglamentos de organización, régimen jurídico y funcionamiento para la asistencia a los interesados en el uso de medios electrónicos». Algo que no ocurre en la Comunitat. Cero intención y cero protocolos: «A la vista de la información que aparece en el Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana se puede comprobar que no consta ningún proyecto normativo relacionado con el registro de funcionarios habilitados».

El Síndic ha remitido una instancia a Presidencia de la Generalitat y a las consellerias para que le informen en el plazo de un mes sobre qué se está haciendo para salvar esta brecha digital que sufren no pocos ciudadanos. La resolución también critica que muchas consellerias recomienden la cita previa, algo normal durante la pandemia pero que ya se ha quedado como una mala costumbre en muchas de ellas: «En las páginas web de algunas consellerias se recomienda al ciudadano utilizar la cita previa, en particular en la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y en la de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo».

Como ya señaló el Síndic en su informe anual la semana pasada, el abuso de la cita previa acaba suponiendo dañar los derechos de muchos ciudadanos, sobre todo personas de edad avanzada (las que más problemas tienen con el uso de la tecnología) o de escasos recursos. «Las administraciones deben velar por que las personas vulnerables por su situación social o personal y las personas mayores no se vean obligadas a relacionarse con las Administraciones por vía electrónica para formular solicitudes, ejercer derechos y dar cumplimento a sus obligaciones, ya que, en caso contrario, tales medidas obstaculizan claramente su acceso a servicios y prestaciones», incide el defensor valenciano en su resolución.

Lejos de hacer autocrítica ante rapapolvos como el del Síndic, el gobierno valenciano saca pecho de su labor. Por ejemplo el viernes pasado, cuando la consellera de Transparencia presentó un balance de autoevaluación de todos los objetivos de las consellerias. Uno de los objetivos era «mejorar la atención telefónica». Según ellos, esta labor está «realizada». Otro objetivo que se marcan es la «implantación de la gratuidad del servicio de atención telefónica 012». Según la conselleria, «esta actuación permitirá el acceso a la información pública, de forma gratuita, mejorando el acceso para las personas más desfavorecidas y afectadas por la brecha digital». Un logro que, a la vista de la queja de oficio del Síndic, y del informe anual de la semana pasada, dista mucho de ser una realidad.