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El Síndic de Greuges ha abierto una queja de oficio por los problemas en las adjudicaciones de plazas docentes de los colegios e institutos públicos, que empezaron a finales de julio y se han mantenido hasta esta misma semana, con el enésimo fallo en la segunda asignación continua de puestos. Esto implica que el Defensor del Pueblo valenciano va a investigar el alcance del caos, solicitando una serie de datos a la Conselleria de Educación para emitir una serie de recomendaciones con el objetivo de que la situación no se vuelva a repetir.
Además, la actuación del Síndic, que también tiene la condición de Defensor de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, «persigue averiguar si se han vulnerado los derechos constitucionales y estatutarios de los menores a una educación de calidad e igualitaria». Incluso llega a interrogar a la administración sobre «medidas adoptadas y previstas para que el alumnado recupere las clases que se han dejado de impartir desde el inicio del curso por falta de profesorado».
Casi toda la información que solicita la institución estatutaria tiene que ver con el nivel de cobertura de las plazas docentes que necesitan los centros, con el objetivo de hacerse una idea clara de cuánto profesorado falta en las aulas a día de hoy, que es el límite temporal que recoge la resolución firmada por Ángel Luna y al que se tiene que atener la administración.
El Síndic plantea preguntas genéricas, como si las plantillas están completas y en caso contrario cuál es el plazo para conseguirlo, y otras más específicas. Desde la relación exacta de plazas vacantes en cada centro hasta las que faltan por bajas y permisos (las que se cubren con las adjudicaciones continuas), pasando por la incorporación del profesorado especialista de FP, cuyo nuevo estatus ha provocado grandes problemas al sistema informático y está detrás de muchas de las incidencias de las últimas semanas.
Además, pregunta por las causas que motivaron los retrasos en las adjudicaciones de verano en cada uno de los colectivos: funcionarios de carrera sin destino y en prácticas (los primeros en ser adjudicados), los estabilizados mediante el concurso de méritos sin exámenes y los interinos (que eligen al final del proceso).
El Síndic también quiere aclarar si la recuperación de las dos horas lectivas en la ESO (que recortó el Botánico en una interpretación de varias sentencias que no comparte el equipo de Rovira) está provocando problemas de atención al alumnado. Exactamente pide que se informe si se prevé la incorporación de personal docente en los cursos de 1º, 2º y 3º para dar cobertura a la ampliación, y en caso negativo, sobre «las medidas adoptadas o previstas para garantizar la formación al alumnado durante estas horas».
En teoría, las plantillas de los centros de Secundaria tenían dotación horaria suficiente, pues los anteriores gestores la mantuvieron pese a la eliminación de las dos horas lectivas semanales para que atendieran las necesidades que considerasen los equipos directivos. Eso sí, preferentemente deben destinarse a dar más clases de Matemáticas e Inglés en 1º, y en caso contrario, a planes de refuerzo, profundización o fomento de la lectura (obligatorio para 2º y 3º).
El último incidente con las adjudicaciones se produjo este martes, cuando debido a un fallo informático no se pudieron asignar las 2.880 plazas destinadas a interinos incluidas en el segundo proceso continuo de este curso. Estaban sin cubrir desde el inicio de las clases -debido fundamentalmente a bajas recientes, jubilaciones y permisos-, si bien se pudieron asignar este jueves. Los docentes seleccionados se han incorporado a sus destino en la mañana del viernes.
La primera asignación continua, convocada el día 7, también registró incidencias (un 2% del total de plazas, según conselleria), aunque el principal problema se dio con los procesos de agosto, que sumaban más de 21.000 puestos y que también estuvieron salpicados de retrasos en los plazos y correcciones de errores, llegando la última una semana antes de la incorporación de los docentes a sus puestos. Educación siempre ha defendido que todo se debió a la falta de previsión de los anteriores gestores por la obsolescencia del programa informático y por el cese de funcionarios clave en el proceso.
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