El Síndic investiga el recorte de ayudas para pisos tutelados y residencias en la Comunitat Valenciana

Así, y en concreto, el Síndic ha admitido a trámite las quejas presentadas por la Asociación Empresarial de residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) por el bloqueo producido en el sistema de atención a salud mental y dependencia por la entrada en vigor, el mes de agosto pasado, del Decreto 102/2022. La conselleria, por tanto, tiene ahora un mes para dar las explicaciones pertinentes sobre cómo afecta este decreto a las personas que necesitan una atención específica en salud mental, por ejemplo, puesto que se limita el acceso; o qué ocurre con los 8.400 pacientes que supuestamente quedarían excluidos de estas ayudas.

El Decreto 102/2022, como describen desde Aerte y ha venido recogiendo LAS PROVINCIAS, limita el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental. Hasta el pasado mes de agosto se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a 2.300 euros mensuales, y ahora se concede únicamente una tercera parte, 715 como máximo, lo que está impidiendo a una gran mayoría de nuevos usuarios ser atendidos por falta de recursos económicos, puesto que deben abonar la diferencia. Además, esta situación «está impidiendo una correcta transición entre recursos en el proceso de rehabilitación de la persona», lamentan desde la patronal.

Por otro lado, la nueva normativa autonómica limita las ayudas a las plazas privadas a través de la prestación vinculada de garantía, que queda por debajo del precio de muchas plazas de centros, «lo que impide a muchas personas acceder a esas residencias o viviendas tuteladas y les coarta su capacidad de elegir el centro más cercano a su vivienda», detallan desde la asociación empresarial.

Al mismo tiempo, «no permite que las personas puedan acceder a una habitación individual o a servicios añadidos, si así lo desean, ya que la prestación vinculada de garantía prohíbe que paguen servicios por encima del coste de referencia», algo que va en detrimento de ofrecer la mayor calidad asistencial posible.

Desde Aerte también han explicado que los responsables de la entidad se encuentran a la espera de una reunión con la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, tras la concentración que se produjo el pasado 16 de febrero a la que acudieron más de 500 personas, entre profesionales, personas usuarias, asociaciones de familiares y entidades en protesta, precisamente, por esta situación.

«El mismo día de la concentración pedimos una reunión con la vicepresidenta, ya que consideramos que es la persona que puede desbloquear esta situación. Parece que la conselleria quiere acabar con las viviendas supervisadas, a pesar del extraordinario resultado que han dado para apoyar los procesos de rehabilitación de las personas. Si no conseguimos avances, tendremos que seguir concentrándonos», ha advertido el presidente de Aerte, José María Toro.

De hecho, en esta última concentración, los asistentes denunciaron el tijeretazo que la Administración ha dado a las ayudas para financiar las plazas en viviendas tuteladas para enfermos mentales; un recorte en las prestaciones que, en la práctica, convierte en poco menos que imposible contar con estos importantes recursos asistenciales. De hecho, en los casos más graves, la reducción de estas ayudas llega a los 1.600 euros mensuales, importe que los nuevos usuarios deberán abonar de su propio bolsillo para ocupar una de estas plazas, gasto al que la gran mayoría no podrá hacer frente.

El propio Toro explicó que, precisamente, buena parte de los manifestantes (a la concentración acudieron profesionales, usuarios, familiares, asociaciones y entidades) «es gente que está en un centro y que tiene miedo de que ese cambio les provoque una reducción de la ayuda; pero la gente que llega por primera vez a los centros no puede entrar por ese recorte de las ayudas, puesto que la diferencia la tiene que pagar directamente el usuario, cosa que es imposible para muchas de las personas que atendemos porque no tienen una capacidad económica suficiente».

El nuevo sistema, además, llega con muchos problemas sin resolver, como prevé Aerte. El primero de ellos, y de gran relevancia para la puesta en marcha del modelo, la falta de ayudas para los 8.400 pacientes, aproximadamente, que en este momento no reciben ningún tipo de aportación y que no están contabilizados por Igualdad en las previsiones económicas del nuevo decreto del Consell.

En las residencias de mayores, actualmente, hay más de 26.900 personas ingresadas, pero el cálculo que hace Igualdad es sobre una base de 18.559 plazas, por lo que alrededor de 8.400 pacientes se quedan fuera del nuevo modelo de Igualdad. ¿Y por qué están fuera? Pues porque en este momento no reciben ningún tipo de ayuda pública porque no ha sido aprobada todavía por la Generalitat, porque no tienen el grado de dependencia respecto al servicio que reciben o simplemente porque no han solicitado la ayuda por distintas cuestiones.

En estos momentos, una plaza de residencia cuesta entre 2.000 y 2.500 euros de media al mes en función de la ubicación de la residencia y de los servicios que presta a los pacientes. El cálculo de Aerte es que una plaza, sólo con el refuerzo de personal que exige el decreto, sufrirá un aumento de 573 euros al mes, lo que implica un gasto de 6.880 euros al año. Desde Aerte consideran que hay familias que no van a poder pagar la plaza porque es imposible asumir el gasto mensual de un interno. Además, defienden que la Generalitat debería cargar con todo el incremento económico que significa el cambio de modelo. Un peso económico que se notará a partir de 2024.