El Síndic alerta de que se medica a adolescentes en centros de protección sin consentimiento

Este informe del Síndic de Greuges, organismo que dirige Ángel Luna, ya nació con polémica después de que la institución denunciara que no se le estaba dejando desarrollar su trabajo con garantías. El Síndic remitió una encuesta a los directores de los centros para tener información pero la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Mónica Oltra trató de controlar las respuestas, según denunció la propia Sindicatura.

Finalmente, el personal del defensor del pueblo valenciano ha podiso visitar siete centros de protección de menores y ejercer así su trabajo con transparencia y normalidad. El trabajo ha concluido con una radiografía de la situación y una serie de recomendaciones dirigida al área de Mónica Oltra.

En su informe, una de las mayores preocupaciones mostradas por el Síndic de Greuges ha sido en lo que se refiere al diagnóstico de patologías y a la administración de tratamientos. Las patologías más habituales en estos niños y adolescentes son los trastornos de conducta, los trastornos negativistas desafiantes y los TDAH. En algunos casos, y según confirman los técnicos, algunos de los diagnósticos suelen ser modificados tras un periodo de estancia en el centro.

El Síndic confirma que de «forma muy mayoritaria» a los menores de edad atendidos en este tipo de centros se les administra fármacos prescritos por los psiquiatras y facultativos del centro. «En algunos casos, en los que no se dispone de diagnóstico, se informa que los menores toman medicación, siempre prescrita por facultativo», señala el informe. Además, a partir de los 16 años -a los 12 es posible bajo criterio médico- se debe recabar por ley el consentimiento del menor para que se le administre la medicación pautada: «Se ha comprobado que en, en muchas ocasiones, con consta consetimiento informado de estos niños y adolescentes». Por esto, una de las recomendaciones del Síndic es que se informe a los menores de la medicación que toma y sus posibles efectos.

«El hecho de que exista un diagnóstico de patología psiquiátrica, que está siendo tratado farmacológicamente, debería llevarnos a revisar si estamos ante casos de menores que presentan enfermedades o trastornos mentales y que no deberían estar en este tipo de recursos sino recibiendo tratamiento específico y residencial por parte de servicios de salud mental», señala el informe, que pide un mayor esfuerzo en la dotación de recursos para este área.

Otros de los fallos detectados es que hay menores que permanecen más de nueve meses en los centros, que es el tiempo máximo de estancia. Hay casos de permanencia de hasta 77 meses, como en el centro Anassim de Llanera de Ranes, con una estancia mínima de 22 meses.

Otras recomendaciones son aumentar los servicios de salud mental para menores, que se cumpla un seguimiento trimestral del funcionamiento de los centros, la resolución de los contratos de gestión integral de los centros para así equiparar las plantillas de personal y que la conselleria de Educación complete la dotación del profesorado para este tipo de centros con una atención especial. Además, se pide que se apliquen las medidas necesarias para aquellos menores que ya han pasado por varios núcleos de convivencia.