Llegó con la pandemia, como una útil herramienta para evitar las aglomeraciones que faciitaban la dispersión del virus. Como una forma de ordenar la asistencia de ciudadanos a registros públicos. Como un método para telematizar los trámites de los ciudadanos. La cita previa se convirtió en una aliada para los ciudadanos y los funcionarios. Pero vino paa quedarse y ahora casi se ha convertido en una dictadura que atenaza a los ciudadanos y que impide a muchos acceder a este sistema de turnos por la existencia dela brecha digital.
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Pero la cita previa tiene sus días contados. O al menos eso dice el Síndic de Greuges de la Comunitat. Tras una investigación de oficio, el Defensor del Pueblo reclama al Consell que elimine definitivamente la obligatoriedad de la cita previa como requisito en las relaciones presenciales de los ciudadanos con la Administración. También pide a la Generalitat que dé las órdenes oportunas para asegurar la atención presencial de los ciudadanos «dentro de los parámetros de normalidad que estos requieren».
Porque esto ahora mismo no está pasando. La consulta efectuada por el Síndic a las diferentes consellerias ha permitido comprobar que mantienen «o recomiendan la cita previa». Así ocurre con Igualdad y Políticas Inclusivas, Hacienda y Modelo Económico, Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
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«La utilización por parte de la Administración de los medios telemáticos no puede suponer una pérdida de derechos, ni constituirse como una nueva forma de desigualdad, discriminación y exclusión para determinados colectivos sociales y personas que no disponen de medios electrónicos suficientes, ni de conocimientos específicos o recursos necesarios para relacionarse electrónicamente con las distintas Administraciones públicas», es la contundente frase del síndic, Ángel Luna.
Otra de las peticiones de Luna es que se cree el registro de funcionarios de la Generalitat «para asistir a aquellas personas que lo necesiten a realizar trámites electrónicos de identificación, autenticación y firma en su nombre». La cosa no avanza. «Esta institución ha comprobado que en el Portal de Transparencia de la Generalitat no consta que se haya iniciado ningún proyecto normativo relacionado con el registro de funcionarios habilitados».
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El Síndic hace hincapié en que se preste atención especial a la ciudadanía afectada por la brecha digital y en situación de vulnerabilidad social: personas que, por su edad, diversidad funcional, situación de exclusión personal, cultural o económica carezcan de las necesarias herramientas o conocimientos informáticos suficiente).
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