El sindicato mayoritario de profesores pide a las familias que elijan valenciano en la consulta lingüística

Se trata de una iniciativa similar a las ideadas por Familias por el Valenciano, Fampa Valencia, Escola Valenciana o Plataforma per la Llengua, entidad que defiende el uso del catalán como herramienta de cohesión social. Es, en definitiva, una movilización completa del sector educativo más crítico con la nueva Ley por la que se regula la libertad educativa, aprobada por el PP y Vox en Les Corts y de la que se desprende la consulta.

El proceso, que se iniciará el 26 de noviembre y terminará el 4 de diciembre, se abre a la participación de las familias de alumnos desde 2º de Infantil hasta 3º de la ESO. Y en función de sus preferencias (lengua base en castellano o en valenciano) se determinará la oferta de plazas en cada nivel. En caso de que haya más demanda que puestos disponibles (no será una planificación a la carta), se decidirá qué estudiantes entran en la opción elegida aplicando unos criterios de prelación (proximidad del domicilio, tipo de familia o situaciones de discapacidad). Los restantes tendrán que quedarse en la otra línea.

«Con nuestra campaña queremos dar apoyo a la impulsada por Fampa Valencia o al grupo de Familias por el Valenciano, con los que tenemos relación y estamos cooperando», ha explicado este jueves Marc Candela, coordinador de Acción Sindical del STEPV. «Queremos que el profesorado se implique en la defensa de la enseñanza en valenciano, que ayude a hacer llegar a las familias los beneficios que tiene este aprendizaje», ha añadido.

Entre las primeras medidas planteadas está la creación de un grupo en Telegram «para intentar que el profesorado se coordine, proponga acciones, intercambie argumentos y se movilice, por decir de alguna manera», ha añadido el portavoz. Además, la idea es que la medida «no caduque» tras el 4 de diciembre, sino que continúe en el tiempo para «hacer seguimiento a la aplicación de la consulta y para coordinar cualquier acción que ayude a mantener el valenciano en la enseñanza».

Candela ha defendido que la «mal llamada ley de libertad» no la garantiza, en el sentido de tener que pasar a alumnos cuyas familias optan por una lengua a la otra opción. También ha señalado que la consulta carga de burocracia a los centros y que implicará «que por primera vez se cambie de golpe en todo el sistema educativo, rompiendo la dinámica lingüística con los consiguientes perjuicios para el alumnado y la organización de los centros».

El portavoz sindical se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa convocada para informar de las nuevas movilizaciones del profesorado ante los diferentes frentes que afectan a las plantillas docentes. El próximo miércoles se celebrará, junto a CC.OO. PV y UGT PV, una protesta en la sede de la conselleria para exigir la aplicación «inmediata» de los acuerdos del Botánico, que vuelven a estar vigentes tras la cautelar que dictó el TSJCV a mediados de septiembre. Se trata de las tres organizaciones que recurrieron su anulación, y los efectos del auto judicial se traducen en la creación de 833 plazas adicionales con el curso ya iniciado.

Además, el STEPV ha pedido ya al tribunal la ejecución de la medida cautelar, al considerar que la administración no tiene intención de hacerlo tras el intento de pactar con las organizaciones una nueva negociación mientras la cautelar se dejaba en standby. En la petición formal se ha incluido una propuesta sobre cómo hacerlo: creando las plazas, presupuestándolas e incluyéndolas en las adjudicaciones continuas que se programan todas las semanas, pasando a ser ocupadas provisionalmente por profesionales interinos.

El sindicato considera que no es necesario repetir las adjudicaciones previas, como argumenta Educación, al tratarse de plazas de nueva creación, por lo que no pueden generar agravios hacia docentes ya adjudicados que no tuvieron la ocasión de solicitarlas. Educación ya ha anunciado que en caso de que se solicitara la ejecución forzosa de la cautelar pediría al tribunal aclaraciones sobre cómo debe hacerlo.

Por otro lado, el STEPV también ha convocado tres protestas en las capitales de provincia (el día 29) para reclamar que se adjudiquen todas las vacantes que se generan en los centros, sobre todo por bajas y permisos de los titulares. La organización ha detectado que las carencias van más allá del personal docente, afectado sobre todo a educadores (de Especial e Infantil), personal de administración y servicios (PAS) e incluso a los trabajadores sociales de las Unidades Especializadas de Orientación (UEO).

«Supone una afectación muy negativa para los centros por no disponer del personal y por la sobrecarga para el resto de compañeros», ha dicho Ramón Moreno, coordinador de Acción Sindical de Función Pública, área de la que depende el personal no docente del ámbito educativo. Tras cifrar el problema en un centenar de centros (en base a una encuesta lanzada por el sindicato), ha lamentado que «parece que se debe a falta de presupuesto, pues se ha agotado la partida para sustituciones, como ya sucedió el curso pasado a finales de año», lo que a su juicio «pone de manifiesto la nefasta gestión de Educación y Función Pública».

Además, preguntado por si la situación actual puede llevar a las organizaciones sindicales a otra huelga (sería la segunda de la era Rovira), Candela, que también ha criticado la falta de voluntad negociadora de la conselleria, ha sido claro. «No descartamos una nueva convocatoria para toda la comunidad educativa, pero queremos ir poco a poco», ha señalado, antes de reiterar que «la posibilidad se ha planteado seriamente» y que si se continúa en la misma dinámica se verían «abocados» a impulsarla.

Por otro lado, la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, que integra a los sindicatos recurrentes, federaciones de Ampas, asociaciones de directores y de alumnos así como a entidades como Escola Valenciana, ha convocado por su parte manifestaciones en las tres capitales de provincia para el próximo 16 de noviembre. Los motivos son los expuestos -aplicación de las plantillas del Botánico, sustituciones de vacantes y retirada de la consulta-, aunque también se reclaman infraestructuras dignas para la red de centros de la Generalitat. Además, se anima a la comunidad educativa a impulsar concentraciones en las puertas de las escuelas todos los jueves para demostrar «su malestar hacia las políticas educativas del Consell».