La Sindicatura alerta de falta de control en los ayuntamientos sobre las ayudas europeas

La Sindicatura de Comptes ha alertado de que algunos ayuntamientos valencianos adolecen de un control exhaustivo para el control de las ayudas europeas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Aunque la entidad entiende que los consistorios de la Comunitat cumplen con los «requerimientos mínimos» para proteger los intereses financieros de la Unión Europea, recomienda revisarlos porque hay medidas del sistema de gestión de estos fondos europeos «parcialmente implementadas».

La Sindicatura sostiene que los planes de medidas antifraude cumplen con los requerimientos mínimos establecidos en el artículo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021 y «disponen de un plan de medidas antifraude que les permita garantizar y declarar una apropiada protección de los intereses financieros de la Unión Europea en la ejecución de actuaciones a financiar por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia«.

No obstante, considera que «hay medidas de prevención y de detección parcialmente implementadas que deberían ser objeto de subsanación», por lo que se entiende que existen casos donde hay una falta de control, algo que debe ser mejorado por las instituciones municipales. El órgano de control ha publicado este jueves su informe de 'Fiscalización sobre los planes antifraude aprobados por las entidades locales de la Comunitat Valenciana que participan en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia'.

Para mejorar el control de estas ayudas, aconseja a las entidades «revisar sus planes para incorporar la totalidad de medidas de prevención y de detección que prevé la Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del PRTR, elaborada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude».

Con carácter general, las entidades locales fiscalizadas disponen de un plan de medidas antifraude que «les permita garantizar y declarar una apropiada protección de los intereses financieros de la Unión Europea en la ejecución de actuaciones a financiar por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».

Únicamente dos entidades (Càlig y Moixent) no disponen de este plan, si bien las subvenciones que han recibido son de escasa cuantía (4.000 euros). Aunque la Orden HFP/1030/2021 no contempla la excepcionalidad de su aplicación por importe, la Sindicatura considera que «dada la escasa cuantía de la ayuda que han percibido estas dos entidades», no existe un «riesgo significativo de menoscabo de los intereses financieros de la Unión en la ejecución de estas actuaciones financiadas por el MRR».

El Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo (OCEX) de las CCAA acordaron la realización en 2022 de una actuación fiscalizadora coordinada sobre los planes de medidas antifraude en las entidades locales que participen en el PRTR. El Consell de la Sindicatura de Comptes ha incorporado una auditoría de cumplimiento, así como operativa o de gestión. La finalidad es verificar si las entidades ejecutoras de las medidas del PRTR han dispuesto de los planes de medidas antifraude previstos en la normativa aplicable.

En este estudio ha analizado los planes antifraude de una muestra de 13 de las 32 entidades locales de la Comunitat Valenciana que participan de las medidas del PRTR: Alicante, Càlig, Canals, Bigastro, Castelló de la Plana, Gandia, Novelda, la Vall d'Uixó, Moixent, Orihuela, Vila-real, Torrent y València. Estos ayuntamientos recibieron 8,59 millones de euros del PRTR, del total de 9,877 millones de euros de ayudas informadas por el Tribunal de Cuentas (el 87 por ciento).

Diez de las trece entidades fiscalizadas (77%) han cumplimentado el test de autoevaluación para concretar el estándar mínimo en relación con el cumplimiento de los principios específicos del PRTR, establecidos en el artículo 2 de la orden fiscalización. Las entidades que no han realizado el test de autoevaluación son Bigastro, Càlig y Moixent.

Las entidades locales que sí realizaron la autoevaluación sobre conflicto de intereses, prevención del fraude y la corrupción alcanzaron una puntuación media de 30 sobre 64 puntos (un 47% de los puntos máximos). Castelló de la Plana logró la nota más alta (60/64), seguida de València (46/64) y Torrent (39/64). En el lado contrario, Novelda anotó un 16/64 y Alicante y la Vall d'Uixó un 20/64.

Por otro lado, la Sindicatura destaca que Bigastro, Castelló de la Plana y Vila-real «no prevén explícitamente la revisión periódica» del plan de medidas antifraude y que «tan solo cuatro entidades (Alicante, Novelda, Orihuela y València) indican expresamente en el PMA que se emitirá un informe de ejecución o de seguimiento.

Todas las entidades han redactado un modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) y prevén su cumplimentación obligatoria, pero «su implementación efectiva es desigual pues algunas entidades (Bigastro y Orihuela) no han remitido ninguna DACI firmada».

• Temas
• Valencia (Ciudad)
• Bigastro
• Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
• Valencia (Provincia)
• Alicante (Provincia)
• Orihuela
• Novelda
• Mogente/Moixent
• Unión Europea
• Sindicatura de Comptes