La Sindicatura de Cuentas alerta del retraso de las obras en colegios valencianos por el atasco burocrático de los ayuntamientos

El informe, que analiza todos los procedimientos llevados a cabo hasta diciembre de 2022, señala que la Conselleria de Educación «debería establecer procedimientos que reduzcan la elevada carga burocrática de su tramitación» y que permitan que las actuaciones se inicien «en el menor tiempo posible con objeto de mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión», explica. Según los datos de esta auditoría de la Sindicatura, enfocada hacia las infraestructuras educativas, el Botánico dejó 159 actuaciones de reformas en colegios pendientes de terminar de las 240 previstas en 2016 y sólo se acabaron 81 obras con un coste de 248,6 millones de euros.

Además, 103 centros públicos valencianos seguían con barracones, con 795 aulas prefabricadas en total, pese a que el informe indica que se eliminaron algunos de estos locales, en concreto 55 en seis años. En el curso 2021-22 habían 51 centros con un total de 306 barracones y además, hay otros 52 colegios más con 489 barracones temporales por obras de diversa naturaleza. El anterior gobierno autonómico dejó algunos colegios formados íntegramente por aulas en barracones, como son cuatro colegios en Torrevieja, Vila-Joiosa, Almassora y Elda y otros nueve centros de la Comunitat superaban las 20 clases en este tipo de construcción temporal.

La mejora de las infraestructuras de los centros públicos contribuye a la calidad del servicio educativo y por eso la Sindicatura está estudiando el grado de cumplimiento de los objetivos del programa 421.70, en el que además de los barracones, se prioriza la supresión del fibrocemento y la mejora de la accesibilidad en las infraestructuras educativas. Desde 2018, estas actuaciones se llevan a cabo tanto por la propia conselleria con competencias en materia educativa como por los ayuntamientos que se adhieren al Plan Edificant.

A 31 de diciembre de 2022 la Sindicatura asegura que se han formalizado 725 actuaciones con un presupuesto de 846,7 millones de euros sobre el que se han reconocido obligaciones por 293,3 millones de euros, lo que representa un grado de ejecución presupuestaria del 35%, que según la auditoría «puede considerarse bajo». Si se compara la ejecución presupuestaria con la dotación económica total y con el importe formalizado, los niveles de desarrollo del Plan serían del 17% y del 24,2%, respectivamente. La mayor parte de las obras son por reformas y el periodo medio de pago es de 231 días, lo que comporta un «alto riesgo de morosidad y de intereses», refleja el informe.

Entre las conclusiones de la auditoría, se expone que la Generalitat mejoró la red de infraestructuras con la reforma y construcción de centros educativos, aunque la Sindicatura subraya que existen «actuaciones prioritarias pendientes de ejecutar que se abordarán en los próximos años». Y es que el Decreto Ley 5/2017 contemplaba una dotación presupuestaria de 700 millones de euros durante el periodo 2018-2022, aunque modificaciones posteriores ampliaron la dotación a 1.700 millones de euros y el plazo de ejecución hasta 2029.

La Sindicatura comenta que con estas obras se aumentará la oferta de plazas escolares en la Comunitat y además otro de los puntos prioritarios, que era la eliminación del fibrocemento, habitualmente conocido como uralita, se ha llevado a cabo en 213 colegios, pero aún quedaban 40 con la ejecución pendiente. Las actuaciones más cuantiosas que realizó Educación hasta 2022 fueron las del IES 5 de Sagunto (7,3 millones de euros) y el IES 2 de Pilar de la Horadada (6,7 millones) y entre las 50 obras con mayor presupuesto ya ejecutado, ninguna fue en Valencia ciudad.

El informe recomienda que la Generalitat debe incluir en los presupuestos anuales los objetivos del programa 421.70 de forma más concreta y que Educación tendría que mostrar una mayor planificación sobre la previsión, gestión y ejecución de las actuaciones necesarias sobre las infraestructuras educativas con el objetivo de que los municipios de la Comunitat dispongan, en el menor plazo de tiempo posible, de las plazas escolares suficientes de acuerdo con la población real a la que deben atender. Además, la Sindicatura también insta a Educación a que reduzca «la elevada carga burocrática de la tramitación del Plan Edificant» y que compruebe la documentación justificativa como procedimiento previo y complementario al control posterior que la Intervención General de la Generalitat debería incluir en sus planes de control financiero.