Sólo dos de cada cien condenados por maltrato llevan pulsera de alejamiento

Dos de las asociaciones valencianas de víctimas contra la violencia machista, Alanna y Amigas Supervivientes, urgieron el jueves a colocar pulseras de seguimiento a todos los maltratadores como una de las posibles soluciones para evitar los crímenes, después de la última tragedia en Dénia. Pero, ¿cuál es hoy la realidad de estos dispositivos en la región? Si bien la cantidad de pulseras en activo va en aumento, dato que revela la peligrosidad de algunos sospechosos, lo cierto es que el número de 'vigilados' telemáticos dista mucho del deseo de las asociaciones.

Según las últimas cifras de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, en agosto llevaban el dispositivo 181 maltratadores en la Comunitat, casi 50 más que en el mismo mes en 2018. Sin embargo, su número es ínfimo si lo comparamos con la enorme cantidad de víctimas y con los maltratadores condenados.

El Ministerio del Interior cifra en casi 11.500 las víctimas de hechos graves de violencia de género durante el año pasado en nuestra región. Por lo tanto, y puestas las cifras en relación, existen aproximadamente dos pulseras de seguimiento de maltratadores por cada cien víctimas de la lacra que la pasada semana segó la vida de Helena a manos de su expareja en Dénia. Fue el séptimo asesinato machista del año en la Comunitat.

Ahora hagamos la comparación con la cantidad de delincuentes condenados. El año pasado fueron casi 5.000 los hombres que acabaron con una sentencia en su contra dictada por los juzgados valencianos, ya sea por los especializados en violencia de género, los de lo penal, las audiencias provinciales y la jurisdicción de menores. Son cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hay cuatro pulseras instaladas por cada cuatro condenados.

Ante la inquietud de las víctimas, mayor tras los asesinatos, surge una pregunta lógica: ¿Por qué no hay más dispositivos activos para que las fuerzas de seguridad puedan reaccionar a tiempo ante una aproximación del agresor?

Según Joaquim Bosch, voz de Jueces Para La Democracia en la Comunitat, «no hay ninguna limitación presupuestaria» en cuanto a estos sistemas. «Se ponen todos los dispositivos que acuerdan los jueces» y las instalaciones «se deciden, únicamente, en función de los riesgos del caso concreto». Entonces, ¿dónde está el 'listón' de delitos y vulneraciones para colocar una pulsera? «La distinción entre cada caso se debe al análisis de los riesgos», ahonda el magistrado valenciano. «Si en la instrucción se aprecia un riesgo muy grave de que el investigado pueda atentar contra la vida o la integridad de la denunciante, entonces se acuerda la prisión provisional».

Por contra, «si el riesgo no es tan grave, pero tiene cierta entidad, se acuerda la instalación del dispositivo. Si es más bajo, se acuerda sólo la medida de alejamiento. En los casos de reincidencia, se suele optar entre la pulsera o la prision provisional, en función de la gravedad del hecho y del riesgo existente». Habitualmente se imponen en fase de instrucción. Pero también se acuerdan en algunos casos cómo acompañamiento de la medida de alejamiento que se incluye en las condenas a maltratadores.

Tras la petición de las víctimas de extender su uso para evitar crímenes, Bosch concluye: «Los dispositivos son una medida eficaz, pero a veces tienen problemas técnicos, como falsos positivos, carencias en las baterías o molestias en el uso. En ocasiones provoca incomodidades a denunciantes y a investigados. Sería positiva una mejora técnica».

Para Susana Gisbert, fiscal de violencia de género en Valencia, «no se ponen más porque no siempre son la solución». Desde su experiencia con mujeres maltratadas, «necesitan la colaboración de la víctima y, en cierto modo, también suponen una obligación para ella». Por eso «hay que ponderar las circunstancias», valora.

Gisbert también ahonda en la misma crítica de Bosch que está influyendo en la decisión de reforzar o no con dispositivos las medidas cautelares: «Técnicamente dan muchos problemas e incluso hay víctimas que acaban pidiendo que se retire».

Para la especialista en violencia de género, la instalación de pulseras «se decide por el riesgo y por la adecuacion a las circunstancias». Por ejemplo, «seria muy difícil la carga de la batería en alguien que no tenga domicilio», que también los hay entre los maltratadores.

Según la fiscal Gibsert, «es en la fase de ejecución judicial donde estos dispositivos son mas efectivos, por ejemplo en un permiso penitenciario, un tercer grado o en medidas de libertad vigilada».