«Sólo pedimos que se investigue la muerte de nuestra hija para que no haya más casos»

Rafael Martínez y Dolores Hernández, padres de la menor paciente de anorexia que se suicidó en Requena han solicitado al juzgado de Instrucción número 4 de la localidad la reapertura del caso y admita la querella penal contra las profesionales que trataban a su hija.

«Está claro que las terapeutas no empujaron a mi hija y que la decisión de salir por el balcón fue suya, lo que denunciamos fue una actitud negligente y la negación de ayuda», subrayan los padres.

«Solamente pretendemos que se investigue para evitar más casos», aseguran estos padres que también se han dirigido al Defensor del Paciente, e insisten en que «no fue cosa de un error y sí de semanas y muchas advertencias por nuestra parte como padres y de otros terapeutas privados».

«Mi hija no tendría que haber estado en mi casa, sino ingresada. Me da igual que lo hiciera de manera voluntaria o inducida», asegura el padre, «por eso insistimos en que tienen que investigarse los hechos».

Rafael agradece a la Defensora del Paciente, Carmen Flores, el que les haya atendido y entendido en su petición de que se investigue porque a su hija no se le dio la atención necesaria y que, además, haya puesto el caso en conocimiento del presidente del Gobierno y la ministra de Justicia.

Cabe recordar que el juzgado resolvió inadmitir la querella en septiembre de 2022 al considerar que no resultaba debidamente justificada la perpetración del delito por parte de las querelladas, una psiquiatra y una psicóloga de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Requena. Los padres, recurrieron en reforma el auto apelando a la falta de motivación de la resolución.

Un recurso al que se adhirió el Ministerio Fiscal, que también consideró que dicha resolución fue precipitada y que era necesario recabar todo el historial médico para que por el forense se pronunciara sobre si en la actuación de las profesionales se cumplen todo los protocolos de actuación o hubo negligencia.

El recurso de reforma no fue admitido en diciembre por la titular del juzgado, manteniendo el auto dictado en el mes de septiembre. En sus fundamentos jurídicos entiende la juez que los padres «no aportan ningún dato, hecho o circunstancia de conocimiento propio que sirva para delimitar una conducta típica y atribuirla a las querelladas en torno a la relación de causalidad existente».

Apunta que la imputación la realizan en base a «opiniones y apreciaciones subjetivas sobre conversaciones mantenidas entre progenitores y profesionales, no compartidas por los primeros, ajenas a las exigencias de tipicidad».

En la resolución, la titular del juzgado de instrucción número 4 de Requena, relaciona la querella con el atestado presentado a raíz del suceso acaecido el 27 de mayo (cuando murió la menor), donde, según indica, «se desprende que la menor cayó accidentalmente del balcón de su domicilio sito en segunda planta, no pudiendo ser calificada dicha muerte como resultado de ningún suicidio ni actuación negligente imputable a las querelladas».

Al respecto, los padres, como hacen constar en su solicitud de reapertura del caso, consideran que la forma de cómo cayó su hija «no es concluyente para determinar si fue un accidente», sino que se trató de «un acto suicida de una persona enferma a la que se le negó tratamiento médico».

Rafael e Isabel insisten en que el accidente como causa de la muerte de su hija «debe quedar descartado», puesto que adoptaron todas las medidas de seguridad para protegerla y que la menor pudo vencer solo saltando por el balcón, lo que entienden que corrobora que su hija no se encontraba bien mentalmente y «no tenía en absoluto aprecio por su vida».

Y es que, según se indica en el atestado policial, la menor habría saltado por el balcón y al saltar sufrió un golpe que fue lo que le causó la muerte.

Pero además de la vía judicial por considerar que la negligencia médica tiene que depurarse por lo penal, «nosotros no queremos indemnización» -subrayan-, Rafael e Isabel continúan luchando por mejorar el servicio sanitario que se presta a pacientes con problemas mentales y especialmente como los que sufría su hija.

Es por ello que a principios de este mes se han mantenido sendas reuniones con el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, y con el comisario de Salud Mental, Rafael Tabares, que ya era conocer de su caso. Al primero trasladaron sus propuestas como el que sea de obligado cumplimiento el protocolo antisuicidio.

En la reunión mantenida con Tabares recibieron una buena noticia porque les comunicó que el departamento sanitario de Requena tendrá una unidad de apoyo.

Además, continúan con su recogida de firmas en Chang.org, donde llevan cerca de 101.000, para, entre otras propuestas, instar a impulsar un Plan Nacional de Salud Mental y lucha contra el suicidio.

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