La Conselleria de Educación ha publicado el listado de profesores admitidos en el programa que permite mejorar el dominio del inglés a través de estancias en Reino Unido e Irlanda con sesiones intensivas durante un mes y gastos pagados. Dos han sido las novedades de esta convocatoria: se han ampliado las plazas, llegando al millar, y se ha permitido la participación de docentes de colegios concertados, excluidos de la primera edición en una decisión muy protestada desde el sector valenciano.
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Sin embargo, los profesionales de la red sólo han conseguido 13 de los 1.000 puestos, lo que supone un 1,3% del total tal y como alertó el sindicato Fsie, que tildó el porcentaje de «insulto» y lo achacó al baremo ideado, que ha priorizado el acceso de los profesionales de la pública. En primer lugar se han tenido en cuenta las solicitudes de los funcionarios con destino definitivo, seguidas de las presentadas por los que están en expectativa, de las de los docentes en prácticas y de las de interinos. En último lugar se situaron las de los de la enseñanza concertada.
El sindicato mayoritario, que ya advirtió de las consecuencias de las bases con los primeros listados provisionales, cargó duramente contra la decisión del departamento en un comunicado. «El conseller ha montado un teatro porque vende igualdad de oportunidades permitiendo a los profesionales de los concertados participar en las estancias y luego bloquea su acceso en los criterios de admisión», dijo la organización, que reclamó «justicia e igualdad en el reparto de los servicios que pagan todos los valencianos para que los profesores mejoren su preparación».
También defendió que suponen un tercio de la red y exigió a Educación que modifique las bases para que tengan «los mismos derechos», antes de recordar que hay 400 solicitudes provenientes de la concertada en lista de espera, mientras que «la mayoría de los profesores de la pública han podido acceder». «Discriminando a los docentes se discrimina también a los alumnos. No puede ser que en una misma red de centros sostenidos con fondos públicos haya unos más sostenidos que otros por su titularidad», lamentó.
No es la primera denuncia del sindicato por diferencia de trato entre profesionales. Fue el primero en criticar la exclusión de la red del programa de auxiliares de conversación y en los últimos meses ha exigido que las mejoras laborales ideadas para la enseñanza pública se implanten también en la concertada, como los permisos por paternidad o maternidad o el pago de los salarios de verano a los profesores sustitutos.
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Por otro lado, la Federación de Enseñanza de USO criticó las palabras de María Luisa Carcedo, la nueva Alta Comisionada del Gobierno contra la Pobreza Infantil, quien señaló en 'Las Mañanas de RNE' que la concertada favorece la segregación social porque sólo las familias con poder adquisitivo pueden llevar a los niños a estos centros. La organización tildó la afirmación de «irresponsable» y recordó que el concierto permite el acceso a la enseñanza privada independientemente de la situación socioeconómica.
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