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EP/M. G.
Madrid
Viernes, 14 de marzo 2025, 14:13
La asociación SOS Desaparecidos se presentará el próximo lunes como acusación particular en el juzgado de Catarroja en nombre de 70 víctimas mortales de la dana, representados por más 170 familiares, un tercio del total. Además, presentará una querella en el juzgado de Hellín (Albacete) por los fallecidos en Letur.
«El 29 de octubre tiene que marcar un antes y un después. No puede suceder lo que ocurrió», ha recalcado en Madrid el presidente de la asociación, Joaquín Amills. En este sentido, ha asegurado a las familias que van a defender la verdad y la justicia que se merecen los fallecidos y sus familiares.
En ambos casos, SOS Desaparecidos dirigirá su acusación contra todas aquellas personas físicas que, en el ejercicio de su cargo público, hayan podido incurrir en las responsabilidades que han derivado en «los homicidios imprudentes» de la dana.
En Catarroja, pedirán la declaración en calidad de testigo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. A medida que se desarrolle la causa y se conozca más información, podrían pedir la declaración de otros responsables públicos actuales y antiguos.
Así, aunque hace algún tiempo habían manifestado su intención de personarse ante la Audiencia Nacional, este anuncio se había producido antes de que se abriera la causa en el juzgado de Catarroja. De este modo, y por una cuestión de economía judicial, se personarán ante el juzgado de la localidad de l'Horta.
Por esta parte, hacen referencia a la Ley de la Generalitat valenciana, una norma «ómnibus» que en su artículo 84 indica que el presidente de la Generalitat podrá declarar la situación de emergencia catastrófica en un momento de peligro o en el que se hayan sufrido daños de extensión o intensidad particularmente graves y en tanto en cuanto no sea declarado el Estado el interés nacional, el de alarma, el de excepción o el de sitio.
«Ni Ventorro ni más excusas para decir que no tenía la obligación de estar en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada). Tenía la obligación legal de estar allí», ha recalcado el perito de SOS Desaparecidos, José María Gil.
A su parecer, la Generalitat valenciana ha protagonizado «un desastre, una chapuza». En especial, ha denunciado la «desidia» con la que actuó y ha lamentado que «muchas muertes se podrían haber evitado». A su juicio, a las 08:00 del 29 de octubre «existía ya motivo más que suficiente» par haber lanzado la alerta que se mandó a las 20:11.
Además, Gil ha señalado que el equipo pericial se ha encontrado con «una suerte de omertá» entre las administraciones locales valencianas. Según ha dicho, la asociación tendrá que solicitar a Nuria Ruiz, la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, que sea ella la que requiera la documentación que se le ha denegado a los peritos. A medida que se desarrolle la causa y se conozca más información, podrían pedir la declaración de otros responsables públicos actuales y antiguos al margen de Mazón.
Aún así, ha querido felicitar por su trabajo al juzgado de Catarroja y a la propia jueza. En su opinión, se está enfrentando «a una de las investigaciones más graves del último siglo en España con respecto a una situación de emergencias». «Confiamos plenamente en que se haga justicia o en que se va a poner toda la carne en el asador para que se haga justicia», ha indicado.
En lo que respecta a Letur, ha criticado la «desidia» de las instituciones, algo que ha ejemplificado con el hecho de que no hubiera medidores públicos en la escorrentía que provocó los seis fallecidos.
El responsable del equipo jurídico de SOS Desaparecidos, Juan Manuel Medina, ha incidido en que en la acción judicial que van a emprender está «ausente todo sesgo político». Para la asociación, es «indiferente el color» de las personas que estén dirigiendo las distintas administraciones públicas, desde ayuntamientos a las entidades nacionales.
A su vez, ha explicado que su trabajo es «pro bono», por lo que no va a suponer ningún coste a los afectados. Como Gil, ha querido poner el foco en cómo la jueza de Catarroja está llevando a cabo un «muy buen trabajo, serio y exhaustivo». Con la aportación que puedan hacer con el informe pericial, esperan poder contribuir a que esta «macrocausa» se resuelva más rápidamente.
En el acto han intervenido dos familiares de víctimas de la dana como portavoces del colectivo, que está dando «los primeros pasos» para convertirse en asociación. Por un lado, ha hablado Rosa Álvarez, que perdió a su padre en la dana, que ha dicho que las familias van a seguir «luchando y exigiendo justicia y responsabilidades penales y políticas» por los «homicidios imprudentes», que es como describe a las muertes a causa de la dana. A su vez, ha señalado que están pidiendo «refuerzos» para el juzgado de Catarroja, «que está haciendo una labor titánica».
Asimismo, también ha hablado Encarna Martínez, que perdió a su hermano. En su caso, ha querido dirigirse a los políticos y en especial a Mazón, al que le ha pedido directamente que «dimita, pida perdón y salga por la puerta de la vergüenza».
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