Ampliar el parque público, la receta para mejorar el acceso a la vivienda

LAS PROVINCIAS convocó esta semana en su sede a una serie de expertos para analizar la situación de la vivienda en la ciudad de Valencia. En el foro, que fue inaugurado por la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, salieron numerosas cuestiones y se plantearon diversas soluciones a esta problemática. Estuvieron representados arquitectos, urbanistas, agentes de la propiedad, empresarios y la Administración. Los ponentes fueron Malek Murad, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Valencia; José Luis Santaisabel, presidente de la Federación de Contratistas de Obra Pública (Fecoval); Begoña Serrano, directora del Instituto Valenciano de Edificación (IVE); Alberto Aznar, gerente de la empresa pública municipal Aumsa; Inés Novella, profesora de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València y Vicente Díez, portavoz del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios (Coapi) de Valencia.

Los expertos abordaron cuestiones como la fiscalidad al comprar una vivienda, la colaboración público-privada, la rehabilitación de edificios o el desarrollo de suelo. Son algunas de las soluciones que plantearon a la problemática. Hubo cuestiones en los que las posiciones se acercaron y en otras se distanciaron. Pero todos ellos aportaron su punto de vista de experto sobre una de las cuestiones que más preocupa a los ciudadanos.

Malek Murad puso sobre la mesa un dato. El 70% de los europeos residen en una vivienda que es de su propiedad mientras que en España esta cifra alcanza el 81%. De este, el 40% es de propiedad total mientras que el resto está hipotecada en un contexto en el que consideró «lógicas» estas hipotecas para poder acceder a un inmueble. El problema que destacó es que no todos pueden acceder a esos créditos porque los sueldos se encuentran estabilizados.

José Luis Santaisabel puso sobre la mesa una de las principales problemáticas en su opinión que es la falta de suelo para construir y destacó que su precio en Valencia se ha multiplicado por 3,5. También resaltó que el coste de la construcción ha subido en dos años lo mismo que en las tres décadas anteriores por el encarecimiento de las materias primas. Además, resaltó que las hipotecas se han encarecido.

Toda esta situación se ha unido al hecho de que la clase media ha perdido poder adquisitivo. En este sentido, se refirió a la situación de los jóvenes de los que muchos son mileuristas y no tienen la capacidad económica para adquirir una vivienda. Santaisabel abogó, por otro lado, por introducir la fiscalidad en la ecuación y así recordó la época en la que en España la compra de una vivienda desgravaba lo que facilitaba la adquisición de una vivienda por parte de los trabajadores. «Yo me pude comprar mi primer inmueble con una inflación de 17% porque el Estado entonces ayudaba con unas desgravaciones que ahora han desaparecido», añadió. El presidente de los contratistas de obra pública pidió que la normativa avance al mismo paso que la realidad para atender las nuevas demandas. En este sentido, señaló que habría que permitir la construcción de viviendas colectivas, algo que este momento no se puede poner en marcha. Lamentó que se haya perdido la figura del alquiler con opción a compra.

La dimensión social de la vivienda fue abordada por Inés Novella. La profesora de la Universitat Politècnica instó a la Administración pública a utilizar las herramientas en su mano (como la fiscalidad o el planeamiento) «para hacer del urbanismo una política de vivienda». Por otro lado, puso en valor la vivienda como factor de innovación en aspectos como la fiscalidad o la normativa por lo que se puede buscar soluciones conjuntas.

Vicente Díez, por su parte, señaló que Valencia en estos momentos es un polo de atracción. Muchos europeos quieren venir a vivir a la ciudad. Todo ello ha contribuido a crear «una tormenta perfecta en la que se han conjugado el incremento de la demanda con una escasa oferta, sobre todo en el alquiler».

El portavoz de los agentes apostó, como Santaisabel, por poner en marcha una política fiscal favorable a la vivienda o el aprovechamiento de espacios infrautilizados como las plantas bajas. También abogó por utilizar el área metropolitana donde los precios están más contenidos. «En Valencia esta zona es muy atractiva ya que está muy bien comunicada», apuntó el portavoz de Coapi.

Para Begoña Serrano, la solución pasa por poner a disposición de la ciudadanía más vivienda pública. En este sentido, destacó que «hay mucho suelo público, no tanto privado, pero la administración a solas no lo puede desarrollar. Por eso es necesaria la colaboración público privada». Serrano aportó otro dato y es que en la Comunitat Valenciana sólo había 18.000 viviendas públicas, «existe un déficit brutal». La directora del IVE expresó otra de sus preocupaciones y es las viviendas vacías que existen, que según datos del INE, alcanzan el medio millón en la Comunitat. Por eso Serrano apostó por «unas políticas que permitan movilizar las viviendas vacías». También se mostró partidaria de relajar las normativas.

Por su parte, Alberto Aznar destacó que «el papel fundamental de la Administración es flexibilizar la normativa; agilizar la concesión de las licencias y la promoción de la vivienda a precios asequibles o la ampliación del parque pública a través de comprar o del derecho de tanteo». El gerente de Aumsa reconoció que existen otras funciones de la Administración como la de la rehabilitación. Así, abogó por recuperar el parque de 15.000 viviendas construidas por el antiguo Ministerio de Vivienda.

«No tengo claro que existan problemas de suelo. Más bien es un problema de costes o de un incremento de la demanda», señaló Aznar, un punto con el que Santaisabel no estuvo de acuerdo: «¿Dónde está el suelo? En Valencia sólo lo tiene la Administración pública». Por el contrario, el vicepresidente de los arquitectos consideró que «hay suelo suficiente».

Al igual que Serrano, el presidente de los contratistas se mostró partidario de la colaboración público privada para sacar viviendas al mercado. Por el contrario, Santaisabel vio problemas para impulsar el área metropolitana. En esta línea, señaló que los municipios no están preparados para incrementar la población aunque destacó que «hace falta extender el área metropolitana».

Santaisabel también apostó por la rehabilitación de viviendas. Se mostró escéptico respecto a las ayudas que van a llegar de la UE para esta recuperación de viviendas porque «la gente no puede reunir el capital inicial necesario».

Inés Novella apostó también por la rehabilitación pero combinada con actuaciones urbanísticas en los barrios «para trabajar la calidad del espacio público». Un punto en el que coincidió con Begoña Serrano que apostó por los planes de barrio «porque es una forma de regenerar la ciudad» e insistió en la necesidad de la colaboración público-privada.

Por su lado, Aznar también apuntó hacia esta colaboración especialmente en un campo como la rehabilitación o la movilización de las viviendas vacías y destacó la llegada de los fondos europeos.

Sandra Gómez reconoció que Valencia, al igual que otras ciudades europeas, está afectada por un crecimiento en los precios. Para ella, este incremento se explica por una serie de factores coyunturales. Entre ellos, el contexto inflacionista actual. También se refirió al aumento del coste de las materias primas, la crisis energética o la subida de los tipos de interés.

La vicealcaldesa hizo hincapié en otros factores estructurales como la presencia de los fondos buitre. «Cuando las cosas empiezan a ir bien se presentan estas entidades para beneficiarse. Son una economía especulativa», explicó y destacó que otra causa es la reconversión de muchas viviendas en pisos turísticos.

Por otro lado, resaltó que desde la administración se han puesto en marcha varias líneas. Por un lado, intentar sacar al mercado más vivienda pública con precios de alquiler asequibles. En este sentido, destacó que en Valencia se van a poner a disposición del público unos 1.400 inmuebles a través de Aumsa y de la acción del Gobierno central con el desarrollo del Cuartel de Artilleros.

Otra de las políticas puestas en marcha por este departamento es favorecer que exista suelo para obra nueva. En esta línea, enumeró el PAI de Font de San Luis, un programa con el 40% de vivienda pública o de alquiler asequible.

La vicealcaldesa de Valencia señaló que la Administración debe contribuir a consolidarla ciudad poniendo límite a la especulación. En este sentido, se refirió a los fondos buitre a los que abogó por poner coto.

Entre otras medidas en esta dirección enumeró la subida de las plusvalías a las empresas que compran y venden las vivienda en menos de un año. También detalló que a estas firmas se les impone un recargo del IBI y, además, abogó por poner límites a los apartamentos turísticos.

Gómez reconoció el problema que existe con las licencias. En esta dirección, apuntó que en 2015 había un atasco de 10.000. Señaló que están intentando agilizarlas poniendo a más personas pero son mejoras que no se notan de un día para otro.

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