La Conselleria de Educación ha puesto a disposición de los centros un nuevo protocolo para prevenir tentativas de suicidios y autolesiones que incluye medidas como el acompañamiento emocional del alumno, dispositivos de vigilancia constante durante su permanencia en las instalaciones e incluso registros de sus pertenencias en caso de sospecha fundada de que existe alto riesgo, previa autorización de las familias.
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Así se desprende de la instrucción específica y de la guía de intervención elaboradas por la Dirección General de Políticas Inclusivas, donde se recogen las fases de actuación y los apoyos externos a los que se puede recurrir, como las Unidades Especializadas de Orientación (UEO), las fuerzas de seguridad o servicios sanitarios y específicos de salud mental (Usmia).
La activación del protocolo corresponde al equipo directivo, una vez que se tenga la sospecha de algún riesgo, y en la detección se implica tanto al alumnado como al profesorado y al resto de personal educativo.
«Cualquier persona que tenga información sobre alguien con conductas autolesivas o con intención autolítica informará inmediatamente a algún miembro del equipo directivo. Si es el estudiante quien detecta la señal de alarma se tiene que poner en contacto rápidamente con el profesorado» o con los máximos responsables del centro, dice la instrucción. Entre los posibles indicios la guía destaca sentimientos de desesperación -frases como «no se solucionarán nunca» o «esta vida es un asco», autoodio -«no valgo para nada»-, despedidas inusuales o comentarios relacionados con la muerte -«me gustaría desaparecer»-.
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Una vez el equipo directivo haya analizado la situación y establecido el nivel de riesgo deberá avisar inmediatamente a la familia, a la que se le pedirá colaboración en el desarrollo del plan de actuación, y se constituirá un equipo de intervención. Estará formado por el director, el orientador, el coordinador de igualdad, familiares y docentes de referencia que el alumno pueda sugerir.
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Sus funciones serán «la valoración, implementación de medidas, toma de decisiones y seguimiento del caso». Uno de los pasos clave es entrevistar al estudiante -de carácter obligatorio- mostrándole confianza e interés, permitiendo que se exprese, ayudándole a comprender que su problema tiene solución y comprometiéndose a prestarle toda la ayuda necesaria.
El protocolo contempla medidas como la creación de una red de acompañamiento emocional dentro del centro en la que pueden participar alumnos con los que tenga confianza (se citan programas de mentorización o de apoyo entre iguales), la firma de un contrato familia-tutor para recoger pautas de actuación fuera del centro, o un dispositivo de vigilancia y seguimiento del estudiante, que debe ser «discreto pero constante» en todas las instalaciones. Por ejemplo no se le permitirá ir solo al baño o permanecer sin compañía en estancias auxiliares como bibliotecas, se intensificará la vigilancia en los patios o puertas de acceso y al acabar una clase el profesor no podrá abandonar el aula hasta que haya llegada el docente de la sesión posterior.
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Además, «de forma discreta y respetuosa», la persona que determine el equipo de intervención «ante la sospecha de que el alumno pueda guardar objetos potencialmente autolesivos podrá revisar sus pertenencias y requisarlas», siempre con la autorización previa de la familia.
También se contempla la vigilancia fuera del centro, tanto en días no lectivos como en los desplazamientos hasta la escuela. Si el acompañamiento no es posible, el equipo de intervención deberá estar pendiente de la llegada del alumno y avisar a la familia de cualquier retraso, o incluso a las fuerzas de seguridad.
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