El Supremo acaba con las políticas que discriminan el castellano en las aulas

La decisión del alto tribunal implica que los fallos iniciales adquieren firmeza, un detalle importante teniendo en cuenta que sirvieron al TSJCV para marcar, como criterio a valorar para casos similares, la necesaria proporción razonable entre lenguas oficiales. O dicho de otra manera, a la hora de analizar desde el punto de vista jurídico los efectos de la Ley de Plurilingüismo aprobada por Les Corts en 2018, que en la práctica obligó a adaptar todos los proyectos lingüísticos de las escuelas, que determinan el peso de las lenguas, desde Infantil hasta Bachillerato y FP.

Se trata del último capítulo de la batalla contra el modelo impulsado por el Botánico en las dos últimas legislaturas, que no ha estado exento de polémica, contestación -política y social- y varapalos judiciales. La historia se cerrará con el cambio de Consell, pues es clara la derogación de la regulación actual, que ha supuesto un importante retroceso del español como lengua principal de enseñanza.

Las sentencias se referían a los proyectos lingüísticos de los colegios públicos Joaquín Muñoz de Turís y Beata Inés de Benigànim, que fueron impugnados por varias familias a través del abogado Jorge Carbó, que también ha estado detrás de otros pronunciamientos judiciales muy críticos con la política lingüística del Botánico y sus herramientas derivadas, como el decreto de usos institucionales y administrativos del valenciano, la oficina de derechos lingüísticos o el primer decreto de plurilingüismo, que no llegó a aplicarse tras ser suspendido cautelarmente primero y quedar seriamente mutilado por la acción judicial después.

Entre los actores impulsores de los recursos que acabaron con sentencias contrarias a los intereses de la administración destacaron la asociación Defensa del Castellano, el Partido Popular, organizaciones de Ampas como Concapa, Covapa o Fcapa, la Diputación de Alicante o el sindicato CSIF.

Las resoluciones que inadmiten los recursos de casación presentados por la Abogacía de la Generalitat son calcadas, y consideran que no se cumplen los requisitos que fija la ley para su toma en consideración. Por ejemplo, por no hacer «una crítica razonada de la sentencia», centrada en la interpretación y alcance del concepto de proporción razonable que recogía la ley orgánica de Educación vigente en el momento de la aprobación de los proyectos lingüísticos impugnados, que era la Lomce del PP.

Tampoco considera válidas las sentencias de contraste aportadas, es decir, pronunciamientos diferentes sobre casos iguales -requisito necesario para que el Supremo se pronuncie en un sentido u otro-, pues afectaban a «aspectos distintos cuestionados en Cataluña y Galicia». Además, considera que no se ha acreditado «la infracción del interés general» ni la «multiplicidad» de casos que pueden verse afectados por lo resuelto en las sentencias -centradas en dos escuelas-, que además se referían a una disposición legal (la proporción razonable de la Lomce) que ya no está vigente con la entrada en vigor de la Lomloe, la Ley Celaá, que ya no recoge este precepto. De hecho uno de los argumentos de la Generalitat era que los proyectos sí quedaban amparados con la nueva redacción.

Como explica Jorge Carbó a LAS PROVINCIAS, al adquirir firmeza ambas sentencias se consolida la postura del TSJCV a la hora de valorar posibles recursos contra nuevas aprobaciones o modificaciones de proyectos lingüísticos donde no exista equilibrio entre las lenguas, en el sentido de que si no cumplen este criterio pueden ser anulados.

Cabe recordar que los dos fallos consideraron que pese a la eliminación del concepto de proporción razonable la nueva ordenación de la Lomloe -ya vigente cuando se emitieron- prescribe una cautela similar al señalar que las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en las demás lenguas oficiales conforme a lo establecido en la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. «En suma, con independencia de las mayorías de Les Corts en cada mandato, el acatamiento debido al bloque de constitucionalidad conforme se ha venido clarificando en la jurisprudencia constitucional y del Supremo conlleva una suerte de coprotagonismo en la enseñanza de las dos lenguas en los centros sostenidos con fondos públicos», se decía.

Otra clave importante de los fallos, o dicho de otra forma del criterio que se asienta para el tribunal, es que pone en relación la proporción razonable con el contexto sociolingüístico de los centros. Es decir, con el uso de las lenguas fuera de la escuela. Y es que en ambos casos, según el análisis del entorno que debía acompañar la aprobación de cualquier proyecto lingüístico, el valenciano tenía un uso social mayor o igual al del castellano. «No queda justificada la razonabilidad de que en un contexto como el descrito -los alumnos se desenvuelven en ámbitos familiares con predominio del uso del valenciano sobre el castellano- el proyecto lingüístico prevea un porcentaje de una de las dos lenguas del doble que la otra», decía una de las sentencias.