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La consellera de Educación, Raquel Tamarit, ha terciado este jueves en la polémica exclusión de Encarna Grau, la profesora de conservatorio que este curso se ha quedado fuera de las aulas tras perder su puesto en la bolsa de trabajo (era la primera) por no disponer del título oficial de valenciano. Llevaba más de tres décadas trabajando como especialista de música.
La máxima responsable del departamento autonómico ha dicho que la profesional ha dispuesto de tiempo suficiente para cumplir el requisito (ahora es un nivel C1), ha vinculado la exigencia de este certificado con las políticas del PP y ha recordado que la docente tiene la opción de seguir dando clase en centros situados en zonas castellanoparlantes.
Tamarit se ha pronunciado en estos términos durante su comparecencia en la Comisión de Educación de Les Corts, en la que ha dado cuenta del inicio del curso. No lo ha comentado de primeras, sino tras las réplicas de los diputados de PP, Ciudadanos y Vox, que han sido especialmente incisivos con la cuestión del requisito lingüístico.
«Es una docente interina que daba clases de una enseñanza muy concreta, y se corre el riesgo de perder la plaza si no la tienes en propiedad», ha empezado la consellera, antes de destacar que la catalogación de plazas «no tiene cuatro días», en el sentido de que se remonta a 2013, cuando el PP fijó el requisito del valenciano para los maestros, profesores y catedráticos de Secundaria y profesores técnicos de FP.
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«Quien lo firmó fue María José Catalá. Y 'mel de romer', ha dicho de manera gráfica. «Lo que hizo el Botánico fue ampliar esa orden al régimen Especial (en el que se encuadran las enseñanzas de música, las de Encarna Grau). ¿Aquí no sabemos que tenemos dos lenguas oficiales y que se exigen para la práctica docente?, se ha preguntado en voz alta, para a continuación espetar a los diputados que «deben centrarse» y que «esta persona ha tenido tiempo para formarse también en valenciano, porque ha habido un periodo de carencia para dar oportunidades a todos».
La polémica no es nueva y generó bastante contestación cuando el requisito alcanzó al profesorado técnico de FP, lo que llevó a Educación a dar más tiempo a los afectados. No llegaron a ser expulsados de las bolsas, como se proponía inicialmente, aunque sólo pudieron optar a plazas vacantes y sustituciones de zonas de predomingo lingüístico castellano.
Lo mismo sucede ahora. Los profesores de régimen Especial, como los de los conservatorios de música y danza o de escuelas oficiales de idiomas, han agotado el primer plazo justo en este curso que empieza, por lo que se les ha dado una nueva moratoria de cuatro años. Pasado este tiempo sí quedarán fuera de las bolsas de trabajo.
«Es una profesora interina», ha continuado Tamarit, enfatizando su condición, en su última intervención, tras un nuevo embate de los partidos de la oposición. «No la han tirado del sistema, pero si hay alguien que cumple todo lo que se debe cumplir va por delante. Esas personas pueden ir a zonas castellanoparlantes o a cubrir plazas de difícil cobertura», ha añadido.
«Le han pasado por delante sí, pero que una persona tras 35 años en el sistema no haya tenido tiempo para sacarse la titulación de valenciano…. De verdad, yo tengo mi opinión al respecto, pero no insultaré a nadie, igual que el señor Baldoví no lo ha hecho», ha sentenciado, al hilo de la intervención de la diputada de Vox que se ha referido a las palabras del líder nacionalista en estos términos.
Por otro lado, Tamarit ha defendido las políticas de ayudas educativas que han permitido reducir el embate de la inflación, así como la mejora de las infraestrcuturas educativas, enfatizando que este curso se pondrán en marcha 31 centros y que el nivel ejecución presupuestaria llega a estas alturas del año a cien millones, un 25% más que el curso pasado.
Sobre los 27 colegios íntegramente en barracones heredados del PP «sin ninguna previsión de obra», ha dicho que todos están construidos o en marcha. «Hoy, si hay un barracón plantado es porque hay un obrero poniendo ladrillos en el centro nuevo», ha defendido. En las réplicas, la diputada de Ciudadanos, Mercedes Ventura, le ha afeado en cambio que la mitad de las grandes obras prometidas en 2016 siguen sin ejecutarse, y entre ellas hay bastantes que afectan a centros parcialmente en barracones.
En cuanto a la organización del nuevo curso, condicionada por el aterrizaje de la Ley Celaá, ha reconocido que los decretos de currículo han llegado tarde, aunque ha vinculado el retraso con la demora del Gobierno.
«¿Nos habría gustado aprobar los decretos antes? Rotundamente sí, pero son los tiempos que ha marcado el Estado con los reales decretos (la norma básica que luego desarrollan las autonomías). Los de Secundaria y Bachillerato llegaron a finales de marzo y principios de abril. Ya son unas fechas ajustadas, frente a las que caben tres actitudes: transponer los textos con cambios mínimos, no desarrollarlos o trabajarlos», ha argumentado, antes de señalar que a mediados de junio se facilitaron los borradores a centros y editoriales para que pudieran avanzar en la organización del curso y la elaboración de nuevos libros de texto.
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