«Tememos el abandono de los niños»

La Lomloe, la nueva ley educativa aprobada el viernes en el Congreso y más conocida como ley Celaá, ha levantado una ola de protestas de gran parte de la comunidad educativa en desacuerdo con los recortes a la libertad de elección, con los nuevos obstáculos a la concertada o con la pérdida de peso del castellano en la educación, entre otros aspectos.

Además, la disposición adicional cuarta de la ley, que fija un plazo de diez años para facilitar la inclusión del alumnado con necesidades especiales en los centros ordinarios, ha provocado la movilización de numerosas familias.

«Tememos que los niños se queden sin atención, abandonados«, explicó la presidenta del Patronato Francisco Esteve. El problema reside en que en la ley no se establece ninguna medida para incrementar los medios de los centros con el consiguiente riesgo para los alumnos con alguna necesidad especial.

«Si en la actualidad ya hay continuas quejas sobre la falta de medios para atender a niños con alguna discapacidad en los centros ordinarios, parece difícil que se pueda atender adecuadamente a los que tienen necesidades mucho mayores», señaló Ferrús. «Hará falta una inversión brutal y la ley no contempla ninguna medida económica para cambiar la situación. No es creíble«, añadió. En este sentido, puntualizó que la asociación no está en contra de la educación inclusiva.Al contrario. »Ojalá fuera cierto que va a haber recursos«, destacó.

Para atender a estos niños los centros tendrían que adaptar los espacios y, sobre todo, contar con personal preparado, con las habilidades precisas. Deberían incluir en las plantillas a fisioterapeutas, enfermeros, educadores especiales, profesores de apoyo y otros profesionales. «En un colegio de educación especial tienen a un educador todo el día junto a ellos, algo impensable en un centro ordinario hoy en día», señaló Ferrús.

La presidenta de la asociación, en esta línea, reiteró que «estamos a favor de la educación inclusiva, pero esta ley no garantiza que se atienda debidamente a los alumnos«.

Ferrús explicó que en el manifiesto de la Confederación Plena Inclusión, que agrupa a 900 asociaciones españolas, recuerda que «la educación ordinaria lleva décadas expulsando sistemáticamente a los niños y niñas del entorno educativo por falta de medios«.

Otro de los grandes problemas que plantea la ley es que no ofrece la posibilidad a los padres de elegir cómo quieren educar a sus hijos. El portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro, afirmó que «en el fondo el debate es sobre la libertad de elección».

En este sentido Marian Ferrús señaló que «a las familias nos gustaría poder decidir cómo se va a educar a nuestros hijos«, aunque matizó que »ya es así en la actualidad y esta ley no lo cambia«.

Morro destacó que la nueva legislación «trata de imponer una ideología sin tener en cuenta la realidad» y, en la misma línea que Ferrús, argumentó que no garantiza que los centros ordinarios vayan a contar con los recursos para atender a los alumnos con necesidades especiales. «No han presentado ni una memoria económica», puntualizó.

Además, advirtió de que la disposición cuarta de la ley abre la puerta a que en el plazo de diez años desaparezcan los centros de educación especial. «No habrá posibilidad de que los padres puedan elegir», recalcó.

«Las familias están preocupadas porque no se garantiza la mejor educación para sus hijos«, señaló y añadió que la »experiencia demuestra que estos alumnos necesitan unos cuidados que los centros ordinarios no están preparados para dar«.