Más de un tercio de los ascensores de la Comunitat tienen defectos graves

Las cifras señalan que más de un tercio de los ascensores de la Comunitat tiene defectos graves. En concreto se trata de un 37,3%, según los datos de la Conselleria de Economía de las inspecciones realizadas en 2022. Las comunidades o empresas propietarias del edificio en el que está el elevador tienen un plazo máximo de seis meses para solucionar estos fallos y pasado ese tiempo se tiene que volver a hacer otra inspección para constatar que se ha reparado. Durante todo el año pasado 17.488 ascensores de la región tuvieron este tipo de deficiencias, de un total de 46.824 inspecciones que se realizaron.

Además, 659 elevadores tuvieron que ser precintados y quedaron fuera de servicio al sufrir defectos muy graves que requieren una actuación inmediata, 461 de ellos en la provincia de Valencia. «Son por ejemplo que no funcione el acuñamiento del ascensor, que es el sistema paracaídas, si no funciona el frenado de emergencia ese aparato no puede estar en servicio, o también que no funcione el limitador de velocidad», explica José Ramón Tortajada, jefe de departamento de seguridad industrial en Applus organismo de control, una de las 30 empresas de la Comunitat que disponen de la certificación y los requisitos para realizar este tipo de inspecciones para la Generalitat.

Dos de los que tienen esa pegatina roja y que se encuentran paralizados pertenecen al Ayuntamiento. Son los que deberían servir para bajar a la zona peatonal del túnel que conecta la Gran Vía de Germanías y la de Ramón y Cajal. Hay uno en cada extremo del túnel, pero los ciudadanos tienen que ir por las escaleras, aunque lleven maletas, carritos de bebé o vayan en silla de ruedas. El 14 de julio de 2022 un inspector notificó que los dos ascensores no cumplen la normativa.

En el caso de los fallos leves pasan la revisión como favorable, y reciben la pegatina verde, con la advertencia de que se tienen que revisar en un plazo de cuatro años, y si son reincidentes llevan el apelativo de «con reparo». Los casos más frecuentes suelen ser «que falle la protección de poleas en la sala de máquinas, que falte el número de registro del aparato en la cabina o que el alumbrado sea insuficiente», indica Tortajada. Sólo el 23% de los ascensores valencianos, 10.785 aparatos, superaron el estudio sin ningún tipo de defectos el año pasado.

En la calle Bilbao del barrio de Zaidía de Valencia la última inspección detectó fallos graves y ahora la empresa de mantenimiento los tiene que solucionar en menos de seis meses. Los vecinos deberán asumir el coste de la factura, aunque en ningún caso, ni siquiera en los defectos muy graves, hay sanción económica. Únicamente se debe volver a pasar la inspección, que cuesta unos 120 euros. «Nos han dicho que hay tres fallos graves y uno leve, así que tendremos que solucionarlo, pero nos piden cerca de mil euros, es decir cien por cada puerta», cuenta Carlos, vecino del edificio.

Otro de los inspectores autorizados de organismo de control es Ginés Pérez. «Los fallos graves están muy claros en el protocolo de la Generalitat y la mayoría no surge por dejadez de mantenimiento, sino por alguna avería reciente o por defectos que la comunidad no ha solucionado por falta de presupuesto», expresa. «Los muy graves pueden implicar la vida inmediata del ocupante, por ejemplo que el sistema de frenado no actúa y por tanto el que va dentro podría matarse, o que el ascensor funciona con las puertas abiertas, pero son cosas que muy pocas veces llegamos a ver porque las propias empresas de mantenimiento previamente lo han solucionado, aunque puede pasar que se averíe unos días antes de la inspección», destaca.

Solamente con que el inspector encuentre un fallo grave la revisión ya recibe la etiqueta de desfavorable. «Los más habituales son los eléctricos, si falta un diferencial o no funciona, el magnetotérmico, que no funcione el comunicador telefónico con la empresa de mantenimiento, algo que es obligatorio, con atención las 24 horas», expresa Tortajada. «Todos los meses la empresa conservadora lo debe comprobar, para que si se queda alguien encerrado pueda avisar pulsando el botón. Además si el limitado de velocidad va por encima de lo permitido es un fallo grave también», explica el técnico.

Si estos fallos graves no se solucionan en el plazo de seis meses, el inspector lo notifica a Industria y se paraliza el ascensor, que queda fuera de servicio hasta que se arreglen los fallos. «Pero hay que hacerlo no sólo por normativa, sino por seguridad y por los riesgos que se corren. Si una comunidad no hace la inspección, en caso de accidente el seguro no se haría cargo porque se incumple la ley», subraya Tortajada. Además, cuando se producen cambios de normativa algunos fallos que están considerados leves pasan a ser graves, algo habitual y que suele provocar un aumento de revisiones desfavorables.

Algunos de los elementos que deben revisarse son el estado y la solidez del aparato, los medios de suspensión y tracción, los mecanismos de freno, la protección contra la velocidad de la cabina, los topes elásticos y amortiguadores, la cabina y el acceso a la misma, los circuitos eléctricos de seguridad, la señalización o maniobras que afecten a la seguridad, el hueco del ascensor, el cuarto de máquinas o la señalización.

Para los edificios en los que haya cuatro o más plantas esta revisión es obligatoria cada cuatro años, mientras que en las fincas más pequeñas, en las que el ascensor sólo haga tres paradas o menos, la inspección debe hacerse cada seis años. Por su parte, en los edificios de uso público, como pueden ser hoteles, oficinas, museos, teatros, edificios industriales o los pertenecientes a la Administración, el periodo es cada dos años. Además, si una comunidad cambia de empresa de mantenimiento debe pasar una inspección cuando se cumpla el primer año de ese cambio.

En la inspección, además del responsable del organismo de control que vaya a hacer la revisión oficial, está siempre presente un técnico de la empresa que hace el mantenimiento, ya que todas las pruebas y la manipulación del aparato debe hacerla este último. «Luego se envía el certificado de la inspección por triplicado a la comunidad, a la empresa mantenedora y otra copia para el organismo de control. La Generalitat tiene una aplicación, llamada Aire, que registra todas las inspecciones de ascensores en la Comunitat. Ahí se notifican las actuaciones y el organismo de control adjunta el certificado con el resultado», expone el especialista.

La Generalitat no tiene en plantilla como funcionarios a técnicos que hagan estas inspecciones, sino que las realiza a través de empresas que deben cumplir unos requisitos y estar acreditadas por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). El organismo de control está delegado por tanto en una treintena de compañías, que llevan a cabo un promedio de cuatro inspecciones al día, cada una de entre una hora y media y dos horas y media de duración. «Normalmente los fallos suelen ser más habituales en edificios que tienen 20 años o más, sin embargo los plazos de revisión son iguales para todos, da igual si es una finca nueva o si tiene 50 años», comenta Tortajada, aunque actualmente hay un borrador de un nuevo Real Decreto que tiene previsto reducir estos plazos a los edificios con más antigüedad. En la Comunitat hay más de 100.000 ascensores y según los técnicos existe un alto grado de cumplimiento de las inspecciones.