![Test PCR para los nuevos ingresos de mayores y visitas limitadas a una hora](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202008/18/media/cortadas/1426821391-RQoPvu6nSvSdYdIyZvLuV5O-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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rocío escrihuela
Valencia
Martes, 18 de agosto 2020, 23:53
Las nuevas restricciones que entraron en vigor ayer en la Comunitat Valenciana también afectan a las residencias, uno de los lugares que más han estado en el punto de mira durante los primeros meses de la pandemia. La normativa que regirá a partir de ahora impone pruebas PCR a los nuevos ingresos en estos centros que deberán realizarse con 72 horas de antelación como máximo.
Así consta desde ayer en el Diari Oficial de la Generalitat que detalla el plan de actuación en las residencias de personas mayores dependientes, los centros de día y las viviendas tuteladas de la Comunitat, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Con el objetivo de frenar la propagación del virus en estos centros, se han aumentado las restricciones tanto para los residentes como para los trabajadores.
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Las pruebas PCR no serán sólo para los nuevos ingresos, sino también para el personal que se incorpore a estos centros de trabajo por primera vez, que al igual que los residentes deberán realizarse el test con 72 horas de antelación como máximo.
Del mismo modo, los empleados que regresen de las vacaciones también deberán pasar por esta prueba para confirmar que no se han contagiado durante esos días. Se trata de una medida que ha tenido buena acogida por parte de la patronal Aerte (Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana) que considera que «es una manera de contrarrestar» cualquier propagación del virus, como apuntó el presidente José María Toro, que la considera una «medida positiva por si han podido contagiarse en algún sitio».
Sin embargo en la patronal la duda surge en saber «cómo se va a articular» esta situación ya que para Toro «no es cuestión de riesgos laborales, porque es una manera de evitar que el virus entre en la residencia«. Por ello considera que es Salud Pública quien debería asumir este coste, porque si se asigna a prevención de riesgos laborales deben ser los propios centros los que tendrán que pagar estas pruebas a los empleados.
Sin embargo, desde Aerte se han mostrado «sorprendidos» porque el Consell no haya recogido en la nueva normativa la realización de pruebas PCR a los empleados de forma periódica, como sí que recomendó la semana pasada el Ministerio de Sanidad en la reunión del Consejo Interterritorial, detalló Toro. «Se trata de una medida que iba en la línea de lo que habíamos planteado, pero no se ha recogido y es una buena medida para ir por delante del virus», agregó el presidente de la patronal, que lo considera «un fallo en la normativa».
Sin embargo, Toro apuntó que seguirán insistiendo a la Generalitat para que añada este requisito a la normativa porque consideran que «se debería haber mantenido en la Comunitat Valenciana», como han hecho otras comunidades autónomas, entre las que citó a Aragón. «Pediremos que se incorpore, como ya hicimos hace dos meses», añadió.
Al margen de las pruebas PCR el Consell impone de nuevo restricciones en las visitas a los centros. Se limitan a una persona por residente y a una hora como máximo al día para extremar las medidas de prevención. No obstante, desde la Conselleria de Sanidad han matizado que estas medidas «se podrán exceptuar en caso de personas que se encuentren en proceso del final de la vida».
Por su parte, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas añaden a la normativa medidas complementarias en materia de seguridad e higiene, donde instan a una mayor limpieza y desinfección de las instalaciones que deberá hacerse con mayor frecuencia.
Además, el plan de contingencia en las residencias de personas mayores debe incluir un stock de garantía de equipos de protección individual para, al menos, cuatro semanas, y la posibilidad de aislar un 10% de residentes en habitaciones con baño propio. Sin embargo, en las residencias donde la incidencia de la pandemia durante los últimos meses ha superado el 50% de residentes contagiados o el 20% de usuarios fallecidos, este espacio deberá ser, como mínimo, del 15 %.
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