Los test que nunca se hicieron

La ausencia de test para detectar el Covid-19 se ha convertido en uno de los episodios más críticos de la gestión del Gobierno en la crisis pandémica. El número de sospechosos que siguen a la espera de que les realicen la prueba de diagnóstico o de confirmación de la enfermedad, con el consiguiente peligro de propagación del virus, es más alto en la Comunitat Valenciana que en otras autonomías de España.

«Tenía todos los síntomas y me harté de llamar por teléfono para pedir que me hicieran la prueba», afirma indignada María Martín, que acudió a una clínica privada de Valencia para salir de dudas. «Pagué 70 euros de mi bolsillo para saber que estaba contagiada», asegura la mujer con el ceño fruncido. A su compañera de trabajo y un vecino también le realizaron la prueba en el mismo centro médico. «Valencia ya podría estar en la siguiente fase de la desescalada si Sanidad se hubiera preocupado de hacer más test», se queja María mientras gesticula con sus manos.

El número de sospechosos de estar infectados a los que no se les ha hecho la prueba oscilaría entre los 69.000 y 74.000 en la Comunitat. En el primer informe que realizó la Conselleria de Sanidad para pasar a la fase 1, el departamento que dirige Ana Barceló concluyó que, entre el 21 de abril y el 4 de mayo, solo se hicieron pruebas PCR al 40,21% de los casos sospechosos.

En esta dos semanas se llevaron a cabo algo más de 46.000 pruebas, por lo que, extrapolando el porcentaje, la cifra de sospechosos sin test PCR supera los 69.000. Si tenemos en cuenta los datos desde el inicio de la pandemia hasta el 4 de mayo, la cantidad de contagiados potenciales sin prueba que lo confirme supera los 74.000. Y si el ritmo se ha mantenido similar hasta el pasado viernes, la cifra se habría incrementado hasta los 91.000.

Una de las personas sospechosas de haber superado la enfermedad sin que lo ratifique ninguna prueba es Carla Monteagudo, una joven de 26 años que trabaja como mediadora social en una asociación de personas con discapacidad auditiva en Valencia. «No sé cuándo ni cómo la contraje, pero mis síntomas empezaron dos días después de que se decretara el estado de alarma», recuerda la joven.

«Estuve llamando al teléfono habilitado por Sanidad cada 10 minutos durante muchas horas y días sin que nadie me atendiera», añade con indignación. Carla le comentó sus síntomas a la madre de su novio, que es médica, y le dijo que seguramente estaba infectada de Covid-19 y que bajo ningún concepto saliera de casa.

«Antes de que mi pareja se contagiara tampoco salíamos a la calle, pues nos sabíamos si éramos asintomáticos. Mi padre nos hacía la compra y la dejaba en la puerta del patio para que bajáramos a cogerla», explica la joven. La incertidumbre de no saber aún si realmente padeció la enfermedad es algo que comparte con su novio, Javier Hernández, que también tuvo los síntomas del coronavirus durante una semana. «Sin hacerme la prueba no sé si tengo anticuerpos», asevera Carla con vacilación.

Dada la saturación de los hospitales y la imposibilidad de contactar con el número de teléfono habilitado para gestionar la pandemia, Javier recurrió a sus padres, que son médicos, para que le asesoraran y pudieran hacer un seguimiento de su estado de salud. «Cuando conseguí hablar con el médico de mi centro de salud ya me encontraba algo mejor, pero me comentó que no me harían la prueba porque no pertenezco a un grupo de riesgo», asegura el joven.

«Me dijo que me llamaría unos días después para ver qué tal estaba, y que estuviera aislado en casa. Esa llamada no llegó nunca, pero entiendo que estarían muy desbordados de trabajo», agrega el joven. Tras superar la enfermedad, la pareja piensa ahora que tienen una ventaja. «No podemos volver a contagiarnos a menos que mute el virus, y no podemos contagiar a nadie» afirma Carla. También le consuela que ningún miembro de su asociación se haya infectado. «Hay personas muy mayores y era un tema que me preocupaba bastante», señala la joven.

Mónica Villacastín, una enfermera de 25 años, contrajo la enfermedad días antes de que se iniciara el estado de alarma en una cena con una amiga de Madrid. La joven estaba muy preocupada porque vivía en Castellón con su madre y su abuela, de 60 y 90 años de edad, dos personas con riesgo de enfermar gravemente si se contagiaban, pero las dos mujeres se trasladaron a otra vivienda cuando Mónica notó los primeros síntomas.

Una vez confirmada la infección con una prueba PCR (siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa), la enfermera se cuidó a sí misma en su casa. La fiebre y los mareos que sufrió los primeros días afectaron a su estado anímico, pero un mes después ya estaba recuperada y su estado de salud era bueno.

«Como no me hacían la segunda prueba y yo estaba de baja, me realizaron el test serológico en la clínica privada donde trabajo y fue entonces cuando detectaron que tenía anticuerpos y había superado la enfermedad», explica la joven enfermera.

El presidente de la Asociación Valenciana de Celadores, Jorge Romero, considera que las autoridades deberían realizar estudios de seroprevalencia a todos los sanitarios para determinar el riesgo de contagio, tomar medidas para disminuirlo y tener también más datos de los profesionales asintomáticos.

Otro colectivo que reclama la realización de test son los funcionarios de las prisiones. «Las consecuencias de un contagio en una cárcel serían tan graves como en las residencias de ancianos. La población reclusa tiene patologías previas y es inmunodeprimida en su mayoría», sostiene Montse Valcárcel, coordinadora de la asociación 'Tu Abandono Me Puede Matar' (TAMPM) de Picassent. «La entrada del virus en la prisión sería catastrófica. Hemos reclamado una y otra vez que nos hagan test para poder detectar a funcionarios asintomáticos que podrían propagar el Covid-19», afirma Valcárcel.

Sin embargo, Instituciones Penitenciarias solo realiza las pruebas a los trabajadores que presentan sintomatología. «¿Para los futbolistas sí que hay test y para nosotros no? Esto demuestra una vez más el abandono al que nos tienen sometidos, aunque luego digan que los funcionarios de prisiones somos un servicio público esencial», se queja la coordinadora de TAMPM.

Según Valcárcel, el criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es discriminatorio con la Comunitat Valenciana frente a otras autonomías. «En siete prisiones españolas están realizando test rápidos a todos los funcionarios, pero en Alicante, Castellón y Valencia no hacen todas las pruebas que pedimos», asegura la portavoz de la asociación de trabajadores penitenciarios. En la cárcel de Picassent no hay ningún interno contagiado, pero ya son 13 los funcionarios infectados.