El tiro al pichón sobrevive a la ley de bienestar animal valenciana

La nueva norma tiene muchos puntos controvertidos y ha dejado un sabor agridulce tanto a entidades conservacionistas como a cazadores que no han visto satisfechas todas sus expectativas. Así, pese a los intentos de los animalistas y de Compromís y Podemos, la ley no prohíbe la práctica del tiro al pichón que podrá seguir practicándose en la Comunitat.

En este punto el PSPV ha tenido un papel relevante ya que los socialistas se han separado de la posición contraria adoptada por Compromís y Podemos. Los diputados socialistas votaron con la oposición en contra de la eliminación de esta práctica y así ha sido finalmente excluida de la ley de Bienestar Animal y se podrá seguir practicando.

Uno de los puntos más relevantes de la nueva ley son las sanciones que alcanzan una cuantía considerable. La pena para las violaciones de la norma más graves podrán alcanzar los 45.000 euros. Estas multas se reservan para los casos de maltrato más graves o que conlleven la muerte del animal.

En el caso de las infracciones leves la sanción oscilará entre los cien y los 3.000 euros. Entre estas prácticas se identifican no atender correctamente a los animales, no identificarlos o no retirar los excrementos de la calle. Las muy graves, hasta los 45.000 e incluyen la posibilidad de decomiso del animal. Entre las acciones que pueden ser penadas con las sanciones más elevadas se encuentra el maltrato, el sacrificio o la explotación.

Esta ley persigue el sacrificio cero de animales y los considera como 'seres sintientes' y no simples mascotas. Para ello se prioriza la adopción y se obliga el registro y la identificación de los animales domésticos, con un plazo de seis meses para que los propietarios los inscriban en un registro supramunicipal. Por otro lado, se perseguirá la venta y cría de animales de compañía, algo que quedará limitado a profesionales autorizados.

Entre las prohibiciones destacan mantener a los animales atados permanentemente, suministrarles drogas sin supervisión veterinaria, no darles comida o agua suficiente, criarlos o venderlos sin licencia, dejarlos en coches sin supervisión expuestos a las inclemencias meteorológicas o adiestrarlos para peleas.

También se prohíben los espectáculos circenses con cualquier tipo de animales, no únicamente con los salvajes. Además, señala que los collares con púas o eléctricos tan sólo podrán ser utilizados por los profesionales. En este sentido, se establece la creación de un registro de personas y entidades que pueden ser inhabilitadas por haber cometido delitos o infracciones hacia los animales.

Las exposiciones y ferias de animales podrán autorizarse pero bajo unos estrictos criterios que garanticen el bienestar de los animales.

La ley incluye otras medidas como son la identificación de los gatos y su gestión integral ética con el objetivo de proteger las colonias felinas. El control poblacional de los animales de compañía se hará fundamentalmente a través de la esterilización.

También se regulan las reproducciones de perras y gatas, que deberán tener como mínimo un año de edad antes de ser utilizadas con estos fines y no podrán superar los ocho años, estableciéndose un periodo entre partos de 12 meses.

La ley incluye más medidas como una regulación más estricta del procedimiento para la identificación de los animales de compañía a través de un chip. Se creará, por otro lado, un consejo asesor y consultivo en materia de protección de las mascotas en el que participarán veterinarios, cuerpos de seguridad y entidades asociativas.

La nueva norma constituye también un registro supramunicipal de identificación de los animales de compañía. Por otra parte, establece los requisitos y registros para un núcleo zoológico o para los centros de cría y establecimientos de venta de animales de compañía.

Uno de los puntos que ha generado más discrepancia ha sido el de la consideración de los perros de caza. Aunque Compromís y UP no estaban de acuerdo, la semana pasada cedieron y firmaron junto al PSPV una enmienda para definir el maltrato animal, dejando fuera las lesiones que sufran los animales de compañía que realizan tareas específicas en el ejercicio de sus funciones como los perros de caza, los guía o los de rescate.

La ley de Bienestar Autonómica ha sido bien acogida entre las entidades animalistas. Amparo Requena, jurista experta en derecho animal, ha señalado que estas asociaciones «estamos en general muy contentas con la nueva norma. Es de las mejores de España». Ha considerado que aunque hay aspectos mejorables, están satisfechos.

Ha mostrado su satisfacción porque no se haya sacado de la ley a los perros con funciones específicas y se los considerará como tales únicamente cuando estén ejerciendo estas prácticas.

Entre los aspectos que ha considerado mejorables se encuentran el régimen sancionador por algunas prácticas que han pasado de graves a leves o la definición de maltrato que esperan que se pueda cambiar con el tiempo.

La presidenta de la Coordinadora Animalista Valenciana, Ángela Molina, ha señalado que han estado trabajando para sacar adelante esta ley durante cinco años. En este sentido, ha mostrado su satisfacción porque incorpora a las colonias felinas, se regulan las casas de acogida o se consigue el sacrificio cero.

Molina ha lamentado que la presión de la Federación de Caza haya cambiado la definición de maltrato y la haya vaciado de contenido y que se considere sólo como tal una lesión grave. Pero al igual que Requena ha señalado que espera que se pueda cambiar con el tiempo.

Por su lado, el Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) –que ha participado intensamente desde el comienzo de este proceso- considera que la regulación supondrá para la Comunitat dar un «salto en favor del bienestar y el respeto hacia estos animales», ahora reconocidos como seres «sintientes». De ahí, que la catalogue también como una regulación «ambiciosa» pues persigue, como objetivos expresos, «erradicar» el abandono y el maltrato, así como lograr el «sacrificio cero», metas que «necesariamente pasan por un mayor compromiso de los responsables legales de los animales».

En este sentido, los colegios de veterinarios cuestionan la aplicación del sacrificio cero. Señalan que la norma establece que la eutanasia sólo se podrá aplicar cuando no haya tratamiento alternativo. El problema, destacan, es qué sucede cuándo existe una terapia alternativa pero a un coste muy elevado que el propietario no quiere o no puede asumir. En ese caso, se pregunta si lo tienen que asumir los ayuntamientos. Por todo ello, el CVCV considera que su aplicación será «complicada y remarca que, cuando el titular del animal en estas circunstancias no pueda hacerse cargo de los tratamientos que el veterinario esté obligado a prescribir, el ayuntamiento o entidades de protección animal deberán hacerse cargo de éstos y las gestiones para llevarlo a cabo deberían ser ágiles».