Los trabajadores arrancan del Consell la promesa de mantener Vaersa

A las 10 de la mañana de ayer se desató la tormenta a las puertas del Palau mientras a unos metros el pleno del Consell daba el visto bueno a los presupuestos de 2021. A los pocos minutos del inicio de la concentración los representantes sindicales fueron convocados a una reunión urgente a la que asistieron, entre otros, la consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, y la secretaria autonómica de Hacienda, María José Mira.

Los sindicalistas abandonaron optimistas el encuentro. Habían logrado arrancar del Consell una nueva promesa, la enésima, que se hizo público al mediodía en un comunicado lanzado por Presidencia, por la que Vaersa se mantendrá como medio público de la Generalitat Valenciana y se reconocerá a 879 trabajadores como plantilla estable de la empresa pública. De esta forma, se desbloqueará la aprobación de las encomiendas de gestión que constituyen la base del trabajo que realiza la empresa.

De los plazos se habló, pero no se llegó a formalizar por escrito. En principio el acuerdo incluye que se inicie el nuevo año con la situación normalizada y dando el visto bueno a las encomiendas de gestión.

La continuidad de los 1.400 trabajadores pendía como una espada de Damocles sobre el medio natural valenciano. Ellos se ocupan, entre otras labores, del mantenimiento de los parques naturales, de realizar tareas de prevención de incendios forestales o de la gestión de los residuos. Como consecuencia del conflicto en junio 60 brigadistas forestales perdieron su puesto de trabajo y en septiembre se había extinguido la encomienda de los parques naturales que afecta a 200 trabajadores. En febrero expira la de prevención de incendios con 450 afectados.

De hecho, según denunciaron los sindicatos, ya se estaban desviando trabajos que hasta ahora realizaba Vaersa a Tragsa, la empresa pública del Ministerio de Transición Ecológica.

Los trabajadores denunciaron que el enfrentamiento entre Hacienda y Emergencia Climática, la primera gestionada por el PSPV y la segunda por Compromís, había paralizado la aprobación de las encomiendas de gestión cuestionando el futuro de los empleos y de la propia empresa.

Los sindicatos atribuyen también a este enfrentamiento el que no se haya aplicado hasta ahora el decreto-ley aprobado en agosto en Les Corts por el que se modificó la configuración jurídica de la empresa para permitir las encomiendas de gestión. Uno de los compromisos obtenidos ayer de ambas conselleries, según fuentes sindicales, es su puesta en marcha superando las objeciones legales presentadas.