![Parte del despliegue policial para efectuar el desahucio de la residencia.](https://s3.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202211/09/media/cortadas/174617322--1248x766.jpg)
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Rafael sostiene contra su pecho una caja metálica de color rojo. Dentro van los recuerdos personales de su madre, Lola. Con 87 años y Alzheimer desde hace dos, este vecino afirma que no se la puede llevar a casa «porque mi madre no sabe ni ... dónde está». Así, la solución adoptada, llevarla a una residencia a más de 50 kilómetros como es la de Carlet, no puede ser otra cosa que provisional, «porque no puedo estar a esa distancia de ella, es inviable».
Y es que el desahucio de la residencia privada de mayores de l'Eliana ordenado por el juzgado 3 de Llíria dejó historias que, si se aparta a un lado la pugna monetaria entre empresas, causa unos indudables damnificados: los mayores, sus allegados y los trabajadores que, entre lágrimas y aplausos, abandonaron sus puestos de trabajo.
En el caso de esta residencia quedaban 14 personas en el momento del desahucio y cinco de ellas fueron recogidas por sus familiares. Las otras nueve personas fueron trasladadas a la residencia pública de Carlet, tres de ellas con Covid, por lo que fueron trasladadas en ambulancia.
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Uno de los episodios más llamativos se produjo cuando Jorge Lucas, abogado de la mercantil Evora, fue desalojado de las puertas del centro por agentes de la Guardia Civil al considerar que no tenía nada que decir en este proceso: «No me han dejado presentar la documentación que demuestra que somos los regentes. Vienen a desalojar a una entidad que ya no está». Lucas tiene previsto presentar una queja a través del Colegio de Abogados.
Francisco Cabello, el actual gerente de la instalación, también protagonizo otra llamativa imagen al subir al techo del edificio para intentar frenar el desalojo. Fue conducido al cuartel de la Guardia Civil de la Pobla de Vallbona, donde se le dejó en libertad tras informarle de que está acusado de desobediencia grave.
Tras los incidentes, los agentes pidieron a los familiares que entraran a por sus mayores pero, en primera instancia, casi ninguno quiso entrar e incluso calificaron de «secuestro» la intención de trasladarlos a otra residencia. Minutos después, y ya con menos tensión en el ambiente, algunos de ellos accedieron a llevarse a sus familiares y el resto aceptaron que los trasladaran a la residencia de Carlet.
Algunos trabajadores también denunciaron las formas de alguno de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el desahucio, ya que aseguran haber sufrido empujones para que abandonaran la instalación «y yo le he dicho si no podíamos hacer las cosas moderadamente».
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Este proceso se inició hace casi dos años, en febrero de 2021, cuando la propietaria del inmueble, Vitt Has Oppen Company SL, interpuso una demanda por impago de rentas cantidades asimiladas, por importe de 84.734 euros, contra la mercantil Cuidamont 1995 SL. Finalmente, y después de toda una serie de recursos y vicisitudes, la Conselleria resolvió, el 27 de octubre, no acreditar el cambio de titularidad solicitado en la residencia Cuidamont por Evora Gestión Residencial SL «porque no dispone de local donde realizar la transmisión del negocio, al haberse resuelto el contrato por sentencia firme».
El Ayuntamiento de l'Eliana no quiso hacer ninguna valoración pero sí envió a un vehículo municipal para trasladar objetos de los residentes para que, posteriormente, puedan ser recuperados por sus allegados.
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