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ISABEL DOMINGO
VALENCIA.
Lunes, 11 de marzo 2019, 00:23
26 de febrero de 2016. Es la fecha en que arrancó el vodevil en el que se ha convertido la ejecución de la variante sur de la carretera CV-377, es decir, la variante de Pedralba, paralizada desde esa fecha por una decisión de la Conselleria de Medio Ambiente, en concreto debido a una orden del exsecretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, que alegó la necesidad de revisar otras alternativas.
Tres años después el proyecto sigue en el mismo punto, ya que ni la Diputación de Valencia -encargada de ejecutar las obras-, ni el Consell -que tuvo que aprobar la ocupación de bienes- ni Medio Ambiente han logrado desastacar el bloqueo en que se encuentra una carretera proyectada para evitar el paso de camiones por el interior de este municipio. De hecho, los balcones y las fachadas de las calles Colón y de la Acequia de Pedralba tienen las huellas de los roces de los vehículos pesados que, en más de alguna ocasión, han provocado desprendimientos. Y lo mismo sucede con el hundimiento de las aceras por el peso.
De ahí que el alcalde de Pedralba, el popular Roberto Serigó, haya reclamado una vez más «el inicio inmediato de las obras. Este sufrimiento diario para la población debe acabar. No podemos esperar más». En este sentido, son varias las protestas que han convocado los vecinos incluso frente a la sede de la corporación provincial.
El primer edil se muestra confiado en el informe que ultima la Diputación, ya que la institución que preside Toni Gaspar elabora un documento para decidir cómo proceder con esta obra que incluso llegó a adjudicarse antes de la paralización dictada por Medio Ambiente.
En este sentido, Serigó recuerda que «no se existe ningún papel oficial que recoja ese hecho pues conselleria no ha presentado nada». Esto también motivó que el Ayuntamiento llevara el caso ante la justicia con un recurso contencioso administrativo para instar a la corporación a que se retomara la ejecución de la variante sur.
El proyecto de la variante cuenta con la declaración favorable de impacto ambiental (DIA) y con aprobación de la declaración de urgente ocupación de los bienes. Precisamente el día en que el Consell aprobaba este último trámite Medio Ambiente procedía a su paralización, lo que dejó en evidencia la descoordinación en el seno del Consell (y no era la primera vez pues también sucedió con las alegaciones del tren de la costa).
Así, ese 26 de febrero de 2016, con las obras ya adjudicadas por la Diputación), la conselleria ordenaba la suspensión temporal de la tramitación del expediente con el objetivo de estudiar otras alternativas aunque en el proceso previo se revisaron dos proyectos (norte y sur) con cuatro alternativas cada uno. La opción escogida, para la que no se presentó ninguna alegación, tiene un coste de 3,82 millones para los 2,2 kilómetros de su ejecución.
En este proceso también afectó la orden para modificar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Turia al introducir la necesidad de un informe vinculante para nuevas infraestructuras viales situadas en la proximidad de cauces de ríos o ramblas.
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