Trescientos colegios valencianos deben renovar su concierto en pleno año electoral

En veinte días arranca un curso escolar especial. A nivel práctico entran en vigor cambios más que importantes para miles de alumnos, como la Ley de Plurilingüismo o la nueva organización de las asignaturas de ESO y Bachillerato. Y desde el punto de vista de la ordenación se desarrollará el segundo procedimiento de renovación de conciertos de esta legislatura.

El primero, impulsado en 2017 y de características distintas al afectar a varias etapas de manera simultánea, derivó en las protestas más multitudinarias que ha tenido que afrontar el Consell, sin olvidar la quincena de sentencias judiciales contrarias a los recortes aplicados, sobre todo en Bachillerato. Sin embargo, el que llega este curso afecta sólo a la Primaria. En la Comunitat hay 339 escuelas concertadas que la ofertan de un total de 432, según los datos de la conselleria.

La legislación establece que la duración de los conciertos en esta etapa es de seis años, siendo el 2018-2019 el último ejercicio comprendido en este plazo, de ahí la necesidad de organizar la renovación para los sucesivos. Para el resto de niveles (Infantil, Especial, ESO, Bachillerato y FP) es de cuatro. El año pasado se organizó el proceso para estos al caducar sus convenios una vez finalizado el 2016-2017. La práctica totalidad de la red tenía concierto en alguna de las etapas citadas.

Todas las escuelas afectadas deberán presentar la documentación exigida por Educación -desde la acreditación de estar al corriente en los pagos a la Seguridad Social hasta la memoria justificativa- acompañando la solicitud sobre las aulas a renovar, que se presuponen todas.

Lo harán en enero de 2019. Según la normativa autonómica, en marzo las direcciones territoriales deberán haber elevado sus informes a la conselleria, y esta ha de resolver antes de la finalización del curso. En años anteriores las variaciones en las unidades con concierto se conocieron en mayo. Sin embargo, la norma estatal es más concreta, y señala que el 15 de abril deberá conocerse la aprobación o denegación de la solicitud y que los conciertos se formalizarán -con vigencia plena- antes del 15 del mes siguiente.

Las fechas son importantes si se hace una lectura política, pues la parte más importante del proceso -saber qué centros siguen igual, ganan aulas o líneas o las pierden- llegará en plena efervescencia electoral, pues las elecciones autonómicas se celebran el 26 de mayo. Y teniendo en cuenta los antecedentes, a ninguno de los partidos aspirantes a la Generalitat se le escapa que se trata de un asunto sensible a resolver en un momento clave.

A grandes rasgos, los colegios cumplen los requisitos para renovar siempre que se mantengan las condiciones que motivaron su suscripción, entre ellas, atender necesidades de escolarización. Aquí está el quid de la cuestión, pues la administración puede entender que ya estén cubiertas en determinada zona por el resto de la oferta existente, y por tanto, reducir líneas en funcionamiento. O al contrario, aprobar nuevas si no hay puestos suficientes. Sin embargo, la jurisprudencia del Supremo defiende que este criterio no puede ser arbitrario, al entender que la educación concertada es uno de los dos pilares que sustentan el derecho de los padres a elegir enseñanzas para los hijos, y rechaza recortes cuando se acredita la demanda.

La renovación general, a diferencia de las modificaciones puntuales que se realizan todos los años, el llamado arreglo escolar, implica una revisión más a fondo que puede suponer la pérdida del concierto, por ejemplo, para toda una línea. Las variaciones anuales, en cambio, se basan en la ratio media de alumnos por aula, y en caso de ser inferior a la fijada por la administración, se pierde el dinero público para las aulas con baja demanda. Eso sí, este criterio también se aplicará en el nuevo proceso. De alguna manera, el de este ejercicio será una combinación de los dos procedimientos.

La vigencia de seis años para los conciertos de Primaria se deriva de la Lomce, una ley orgánica que tiene los días contados teniendo en cuenta que el Gobierno ya ha anunciado su reforma durante la legislatura. Entre los cambios a aplicar, se quiere eliminar el criterio de la demanda social a la hora de planificar aulas, lo que se ha interpretado como una manera de desproteger a la red en los procesos de renovación.