Trescientos pueblos de la Comunitat, sin plan de incendios a las puertas del verano

Los pueblos de la región siguen incumpliendo, masivamente y sin consecuencias, su obligación legal de desarrollar y registrar planes que eviten los fuegos o aminoren su magnitud en caso de producirse. Son alrededor de 300 los municipios que, a las puertas de junio, no tienen estos dispositivos que marca la Generalitat como obligatorios, ya sea por vía de Ley de Emergencias o Ley Forestal.

En concreto, la primera normativa impone a los ayuntamientos la necesidad de elaborar los llamados Planes de Actuación Municipal (PAM) ante incendios forestales. Se trata, a grandes rasgos, de planificar mecanismos de respuesta, evacuación o seguridad para la población en caso de que se declare un fuego forestal.

En este caso la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dependiente de la Conselleria de Justicia, define qué pueblos están obligados a redactar e inscribir un plan y otro grupo donde el plan resulta recomendable por sus características forestales. Eso es la teoría y esta es la realidad: en el último registro de esta semana, únicamente 12 de los 114 pueblos obligados tienen aprobados sus planes. Es decir, un muy escaso cumplimiento del 10%.

Otra exigencia autonómica que recae sobre los ayuntamientos son los llamados planes locales de prevención de incendios forestales, los PLPIF en sus siglas. En este caso se les pide que definan trabajos de prevención, como limpiezas o protecciones forestales, para evitar que el monte se queme.

Sólo hay 17 de los 542 pueblos de la Comunitat exentos de esta obligación por su nula o escasa masa forestal. Los otros 525 deben redactar su plan de prevención (y muchos de ellos también el de actuación).

Según los datos de la Conselleria de Emergencia Climática, de esos 525 había sólo 225 con los 'deberes' hechos a principios de esta semana. Hay otros 219 pueblos que lo están tramitando y 81 que ni siquiera han movido ficha todavía para configurar su plan. El grado de cumplimiento está al 42%.

Lo más llamativo es que la Ley Forestal que dicta la necesidad de estos planes data de 1993. Es decir, los pueblos llevan 28 años sin cumplir con la normativa, aunque en los dos últimos años ha habido un empujón para bien y 179 se han sumado a la redacción y aprobación de los obligados planes.

La prevención total aún se perfila lejana mientras la Generalitat apremia a que los municipios cumplan con su obligación, pero sin sancionar. A pesar de que carecer de los planes está considerado como una infracción.