La UCV estudia pedir indemnizaciones por la exclusión de su alumnado de las becas

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por la Universidad Católica de Valencia (UCV) contra la exclusión de su alumnado de las becas de la Generalitat. La medida ahora anulada se aplica desde el curso 2016-2017 y afecta a todos los estudiantes de centros privados, salvo a los de grados que no se ofertan en el sistema público.

La estimación se desprende de la deliberación del tribunal del pasado miércoles aunque, según fuentes oficiales, el fallo no está listo aún y se comunicará a las partes en los próximos días. Además, están pendientes de redactarse tres votos particulares que discrepan de la postura mayoritaria de los magistrados.

José Manuel Pagán, rector de la institución, señaló que una vez analicen la sentencia estudiarán si hay opción de reclamar compensaciones económicas para los estudiantes que durante los últimos cursos se han visto privados de la beca.

«Nuestro interés último durante el proceso ha sido velar por los derechos de nuestros alumnos. Eso nos llevó a recurrir la exclusión de las prácticas sanitarias en centros públicos y también la de las becas. Si hay alguna posibilidad de que se les reconozca el derecho que les asiste siempre estaremos ahí», dijo.

En un sentido similar, dijo que en cuanto puedan trasladarán a la Conselleria de Universidades la necesidad de que los centros privados vuelvan a ser incluidos en las ayudas (como pronto, para el próximo curso). «Existe un sistema universitario valenciano, sin distinguir entre público y privado, en el que cualquier estudiante que cumpla el criterio académico y las condiciones económicas debe disponer de la beca, acatando la sentencia», añadió.

Desde 2006 hasta la exclusión, los alumnos recibían la cuantía equivalente a los precios de matrícula de las públicas, una ayuda importante pero que no cubría el coste de sus carreras.

Pagán defendió que el perfil del estudiantado de la UCV no se corresponde con el estereotipo (de contextos socioeconómicos acomodados), argumentando que cuando formaban parte del sistema los fondos que recibían de la Generalitat eran equiparables, proporcionalmente, a los de varias universidades públicas. La vicerrectora de Alumnos, Beatriz de Ancos, añadió que el curso pasado fueron becados por el ministerio (que no hace distinciones) 2.100 estudiantes, y que para la actual convocatoria se han presentado 4.000 solicitudes (de algo más de 10.000 alumnos).

En cuanto a los argumentos del Constitucional, considera que se ha lesionado el derecho a la igualdad de la universidad en relación a la libertad de creación de centros, y explica que la orden de 2016 que fijó el criterio diferenciador contraviene la ley que regula el sistema universitario valenciano y el decreto de 2002 de medidas de apoyo a los estudiantes universitarios. Dice el tribunal que no se recogía la distinción y que un reglamento (la orden) «no puede excluir del goce de un derecho a aquellos a quienes la ley no excluyó».

La UCV ha recurrido ante el TSJCV todas las convocatorias de ayudas, aunque el tribunal valenciano siempre ha desestimado sus pretensiones.

El fallo sienta jurisprudencia para todo el país, pues hay más regiones donde rige la diferenciación. Y en clave valenciana, afecta a todas las modalidades de ayudas, como las becas salario, de no abandono o erasmus. Desde la conselleria dijeron que acatarán la sentencia, aunque aún no disponen de ella. Por su parte, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, dijo que «rompe el principio de mérito y capacidad».

El Constitucional ya obligó a modificar la Ley Valenciana de Salud, que restringía, en centros públicos, las prácticas sanitarias del estudiantado de la red privada. El fallo llegó tras un recurso de 50 senadores del PP. Días después el Supremo, tras otro recurso de la Católica, se pronunció en el mismo sentido.