Los tropiezos de la consellera

Tras una «noticia positiva» y una «aparente buena disposición» en su llegada a la Conselleria de Justicia, la gestión de Gabriela Bravo comenzó a chamuscarse casi coincidiendo con el fuego que arrasó media docena de juzgados de la Ciudad de la Justicia y que clausuró el pulmón jurídico de la Comunitat durante una semana. Los entrecomillados iniciales forman parte del inicio del incendiario comunicado remitido ayer por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Pero la propia nota muta al denunciar desde marzo de 2017 «un extravagante proceso en el que se suceden los incumplimientos de compromisos adquiridos» o la «inaudita afirmación de que parte del nuevo decreto de justicia gratuita, aprobado en 2017 por el propio Consell, no puede ser aplicado».

Septiembre de 2017 marcó la cúspide del 'annus horribilis' de Bravo con el incendio en la Ciudad de la Justicia. Las críticas por falta de planes de evacuación, fallos en los arcos detectores de metales, mal funcionamiento de las alarmas y falta de inversión en sedes judiciales crecieron desde sindicatos y funcionarios tras el siniestro.

Cinco meses después del siniestro, ya el pasado febrero, el propio decano de los jueces, Pedro Viguer, señaló que las mejoras aún no habían llegado. «Justicia no me ha comunicado noticia alguna de las nuevas medidas de seguridad ni del sistema de alarmas», aseguró. Desde la conselleria respondieron después que el plan de evacuación estaba entregado ya en la Agencia de Seguridad y Emergencias y que había previstas reuniones con responsables de la sede para concretar el protocolo de emergencia, además de avances en la nueva central de incendios de la Ciudad de la Justicia.

En abril de 2017, el 'incendio' le surgió a Bravo al cesar a diversos cargos en el segundo escalón de Justicia. Las dimisiones abrieron una grieta entre los socios de gobierno, cuando Podemos forzó a Puig a comparecer en Les Corts para explicar las destituciones. El freno a la ley de la función pública y o la paralización de la digitalización de los juzgados han sido otros 'tropezones'.